Un nuevo incidente relacionado con una unidad de la empresa de transportes San Antonio de Torontoy ha generado preocupación por la seguridad del servicio turístico en Machupicchu. Según la información proporcionada sobre el hecho, uno de los buses que trasladaba turistas extranjeros por la ruta terrestre habría presentado una falla mecánica, presuntamente relacionada con el sistema de dirección.
De acuerdo con los testimonios atribuidos a los pasajeros, durante el recorrido se escucharon fuertes ruidos procedentes del vehículo antes de que se produjera el desperfecto. La naturaleza exacta de la avería, las circunstancias en las que ocurrió y las consecuencias para los ocupantes deberán establecerse mediante una inspección mecánica especializada y las diligencias de las autoridades competentes.
La situación plantea interrogantes sobre las condiciones de mantenimiento de la flota y los procedimientos de control que se aplican a las unidades que transportan diariamente a visitantes nacionales y extranjeros hacia uno de los principales destinos turísticos del Perú.
Aunque se señala que el vehículo sería del año 2025, la antigüedad de una unidad no garantiza por sí sola su adecuado estado mecánico. La conservación de los componentes, el mantenimiento preventivo, las reparaciones y las inspecciones periódicas son factores determinantes para la seguridad del transporte.
EXIGEN PERITAJE MECÁNICO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Ante la gravedad potencial de una falla en el sistema de dirección, corresponde solicitar la intervención de la Policía Nacional del Perú, la autoridad de transporte competente y los organismos fiscalizadores para determinar qué ocurrió y si existieron incumplimientos de las obligaciones de seguridad.
El peritaje debería comprender una evaluación integral del sistema de dirección, sus mecanismos de transmisión, las articulaciones, los componentes de suspensión y otros elementos relacionados con el control del vehículo. También resulta necesario examinar las piezas presuntamente dañadas, documentar los hallazgos y establecer si el desperfecto se originó por desgaste, rotura de un componente, defecto de fabricación, reparación inadecuada u otra causa.
Asimismo, las autoridades deberían solicitar el historial de mantenimiento de la unidad, las órdenes de trabajo, los registros de reparaciones y la documentación correspondiente a sus inspecciones técnicas vehiculares.
La revisión de estos antecedentes permitiría establecer si el bus recibió el mantenimiento requerido y si cumplía las condiciones técnicas exigidas para prestar el servicio de transporte turístico.
¿CONTABA EL BUS CON INSPECCIÓN TÉCNICA VIGENTE?
Uno de los puntos que requiere verificación es la vigencia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) de la unidad involucrada.
Los vehículos destinados al transporte de personas deben someterse a inspecciones técnicas periódicas conforme a su categoría y antigüedad. En el caso de los vehículos que prestan servicios de transporte, la periodicidad aplicable debe comprobarse según las disposiciones vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Estas inspecciones comprenden la evaluación de sistemas fundamentales para la seguridad, entre ellos los frenos, la dirección, la suspensión y los neumáticos. Sin embargo, contar con un certificado vigente no elimina la obligación de mantener el vehículo en condiciones adecuadas durante toda su operación.
Por ello, es indispensable consultar los registros oficiales y verificar la placa, la fecha de fabricación, la categoría vehicular y la vigencia del certificado correspondiente.
Si se comprobara que el bus circulaba sin la inspección técnica obligatoria o con el documento vencido, correspondería aplicar las consecuencias previstas en la normativa. Si contaba con una certificación vigente, el peritaje debería determinar si existieron defectos que no fueron detectados durante la inspección o si la avería se produjo posteriormente.
ANTECEDENTES QUE EXIGEN MAYOR TRANSPARENCIA
El nuevo episodio se produce en un contexto de cuestionamientos sobre el funcionamiento del transporte turístico en Machupicchu.
En septiembre de 2026, el diario El Comercio publicó información sobre la situación contractual de Torontoy, los problemas relacionados con los permisos para operar en la ruta Hiram Bingham y aspectos vinculados con sus operaciones. Estos antecedentes deben distinguirse de la investigación específica sobre la presunta falla mecánica.
Posteriormente, el 16 de octubre, un bus del Ministerio de Cultura impactó contra una unidad de Torontoy que se encontraba estacionada en la avenida Hermanos Ayar, en Machupicchu Pueblo. El incidente dejó un peatón herido y daños materiales, según informó RPP Noticias el 17 de octubre.
Las circunstancias de ese accidente son distintas y no permiten atribuir automáticamente responsabilidad a Torontoy en el nuevo episodio. No obstante, los antecedentes refuerzan la necesidad de que las instituciones competentes informen sobre las medidas de fiscalización aplicadas y los resultados de las investigaciones correspondientes.
¿QUÉ SANCIONES PODRÍAN APLICARSE?
Las eventuales sanciones dependerán de los hechos que se acrediten y de la normativa aplicable al vehículo, al servicio y a la ruta.
Si se demuestra que la unidad circulaba sin la inspección técnica obligatoria, corresponderá evaluar las sanciones y medidas preventivas previstas legalmente. La normativa contempla consecuencias por circular sin un certificado de inspección técnica vehicular vigente, que pueden incluir multas y el internamiento del vehículo, según la infracción acreditada.
Si el peritaje detecta otras infracciones técnicas o de transporte, las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las medidas previstas por ley. La retención o el internamiento de la unidad, así como una eventual suspensión o cancelación de autorizaciones, no son consecuencias automáticas de una avería: requieren una base normativa y el procedimiento correspondiente.
Del mismo modo, la existencia de una falla mecánica no demuestra por sí sola negligencia empresarial. Para establecerla, será necesario examinar los registros de mantenimiento, el estado previo del vehículo, las advertencias recibidas por el conductor y las decisiones adoptadas antes de continuar el recorrido.
FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS VISITANTES
El incidente también pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la supervisión del transporte turístico en Machupicchu, donde la seguridad de los visitantes debe constituir una prioridad permanente.
La Policía Nacional, la Sutran y las autoridades con competencia sobre la ruta deberían coordinar las verificaciones correspondientes, dentro de sus respectivas atribuciones. La Fiscalía deberá intervenir si los hechos conocidos justifican diligencias dentro de su competencia legal.
También resulta necesario que la empresa involucrada facilite la documentación técnica de la unidad y brinde información clara sobre las circunstancias del incidente, las medidas adoptadas y las condiciones en las que continuará prestando sus servicios.
La investigación debería esclarecer si los ruidos advertidos por los pasajeros fueron comunicados al conductor, si existieron señales previas de avería y si se adoptaron medidas para detener la marcha y proteger a los ocupantes.
UNA INVESTIGACIÓN QUE NO DEBE QUEDAR SIN RESPUESTAS
Machupicchu es un destino de importancia internacional y el transporte terrestre forma parte esencial de la experiencia de miles de visitantes. Por ello, cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de los pasajeros exige una respuesta técnica, transparente y oportuna.
La prioridad debe ser determinar la causa real de la falla, comprobar la documentación del vehículo y establecer si hubo incumplimientos por parte de la empresa, del personal responsable del mantenimiento o de otros actores involucrados.
Hasta que se conozcan los resultados de las diligencias, la presunta rotura de la dirección y la posible falta de mantenimiento deben mantenerse como hipótesis sujetas a verificación.
La ciudadanía y los operadores turísticos necesitan respuestas sustentadas en pruebas. La seguridad de los visitantes y la credibilidad del destino Machupicchu dependen de que las autoridades cumplan su función fiscalizadora y de que las responsabilidades, si las hubiera, sean establecidas conforme a ley.
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