Cálidda y TGP: el Perú debe preparar la relicitación de las concesiones del gas

Durante más de dos décadas, Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) han operado dos de los principales eslabones de la cadena del gas natural en el Perú. El tiempo transcurrido, sin embargo, no convierte una concesión en un derecho perpetuo ni obliga al Estado a renovar automáticamente la confianza en quienes han administrado estas infraestructuras. Los contratos tienen fecha de vencimiento y, cuando llegue ese momento, el país debe estar preparado para decidir si mantiene a los actuales operadores o abre la puerta a nuevas empresas.

Cálidda tiene como horizonte contractual el año 2033, mientras que la concesión de TGP vence en enero de 2034. Aunque todavía faltan varios años, el calendario no justifica la inacción. Por el contrario, ese margen debería permitir al Estado diseñar un proceso competitivo, evaluar el interés de operadores nacionales e internacionales y establecer condiciones contractuales que respondan a las necesidades energéticas del Perú. La pregunta de fondo es sencilla: ¿por qué dar por descontado que las mismas empresas deben continuar si todavía es posible comparar alternativas?

 

Dos concesionarios bajo observación

La discusión adquiere mayor relevancia por los antecedentes de ambas compañías. En el caso de TGP, los problemas de su sistema de transporte han vuelto a poner en cuestión la confiabilidad de una infraestructura esencial para el abastecimiento energético nacional. Tras la emergencia de marzo de 2026, Osinergmin determinó que la empresa incumplió obligaciones de su contrato de concesión al no garantizar el flujo y la presión necesarios entre el 1 y el 13 de marzo. Los informes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para las acciones contractuales correspondientes.

Este antecedente no es menor. El transporte de gas natural constituye una actividad estratégica, y las obligaciones asumidas por un concesionario no pueden quedar reducidas a declaraciones de inversión o compromisos de continuidad. Cuando el sistema falla, corresponde establecer responsabilidades, evaluar las consecuencias y determinar si las garantías contractuales son suficientes para proteger al país frente a futuras contingencias.

 

Cálidda, por su parte, también ha enfrentado observaciones regulatorias y tarifarias formuladas por Osinergmin, así como revisiones y liquidaciones sucesivas de sus planes de inversión en Lima y Callao. En 2025, además, el Minem concluyó que una versión de su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 2026-2030 no era concordante con la Política Energética Nacional. Estos antecedentes deben ser considerados al evaluar el futuro de la concesión, sin confundir las observaciones administrativas con una declaración de incumplimiento definitivo.

Lo que está en discusión, por tanto, no es solamente la continuidad de dos empresas. Se trata de determinar qué condiciones debe exigir el Estado a quienes administran servicios estratégicos y qué mecanismos tiene para obtener mejores resultados para los consumidores, el sistema energético y las finanzas públicas.

 

La competencia no debe ser una amenaza

Si Cálidda y TGP consideran que cuentan con la experiencia, la capacidad técnica y el respaldo financiero para seguir operando sus respectivas concesiones, pueden demostrarlo en una nueva licitación. Nadie plantea excluirlas de antemano. Lo que corresponde es evitar que su condición de operadores actuales se convierta en una ventaja que cierre el paso a cualquier alternativa.

Una relicitación permitiría comparar propuestas sobre la base de criterios verificables: tarifas, inversiones comprometidas, garantías financieras, estándares de seguridad, capacidad de respuesta ante emergencias, distribución de riesgos y condiciones económicas para el Estado. También permitiría determinar si existen empresas dispuestas a asumir la operación bajo condiciones más favorables para el país.

Hoy, sin un proceso competitivo, el Estado no tiene una comparación integral de lo que otros operadores podrían ofrecer para asumir estas concesiones. Las empresas actuales pueden sostener que sus planes son los más convenientes, pero esa afirmación debe contrastarse con alternativas reales, no aceptarse como una conclusión anticipada.

La competencia tampoco garantiza, por sí sola, tarifas más bajas o mejores servicios. Para conseguir esos resultados se necesitan bases bien diseñadas, reglas transparentes, evaluación técnica rigurosa y contratos que distribuyan adecuadamente las obligaciones y los riesgos. Precisamente por eso, la preparación debe comenzar con anticipación.

 

Siete regiones y un nuevo ramal en disputa

El debate no se limita a las infraestructuras que ya están en funcionamiento. Cálidda busca incorporar siete nuevas regiones a una concesión cuyo ámbito original corresponde a Lima y Callao. TGP, por su parte, plantea incorporar el denominado Ramal Sur, un proyecto de infraestructura de gran escala.

Se trata de nuevos territorios, mercados e inversiones. Por eso, el Estado debe evaluar si la ampliación de las concesiones vigentes es necesariamente la alternativa más conveniente o si corresponde explorar otras modalidades de participación empresarial. La incorporación de nuevas regiones y la construcción de infraestructura adicional no deberían convertirse en decisiones automáticas por el solo hecho de que los actuales concesionarios ya operan parte del sistema.

Antes de comprometer nuevas oportunidades de negocio, las autoridades deben comparar costos, beneficios, riesgos y obligaciones. También deben determinar qué mecanismos permitirían garantizar que las inversiones se ejecuten, que los usuarios reciban un servicio confiable y que las decisiones respondan a una política energética de alcance nacional.

El Estado todavía está a tiempo

Uno de los argumentos que podría utilizarse para postergar la discusión es que una nueva licitación demanda estudios, evaluaciones, negociaciones y un complejo diseño contractual. Pero ese razonamiento conduce a la conclusión contraria: si el proceso requiere varios años, debe comenzar cuanto antes.

El Gobierno tiene la oportunidad de realizar estudios de mercado, identificar posibles interesados, evaluar modelos de concesión, definir los criterios de adjudicación y establecer un cronograma que permita una transición ordenada. También debe analizar las consecuencias jurídicas y técnicas del vencimiento de los contratos, de modo que la continuidad del suministro no dependa de decisiones improvisadas a última hora.

Dejar el asunto para los últimos años de las concesiones colocaría nuevamente al Estado bajo presión, con menos margen para negociar y mayor riesgo de que la urgencia termine condicionando las decisiones. Una infraestructura estratégica no puede administrarse con la lógica de esperar hasta que el plazo esté por agotarse.

¿Cuánto podría ganar el Perú con una nueva licitación?

Cálidda y TGP pueden presentar sus proyectos de inversión y defender la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, el interés público exige conocer qué ofrecen otras empresas y bajo qué condiciones estarían dispuestas a asumir estas responsabilidades. Una competencia bien estructurada podría revelar mejores propuestas económicas, compromisos de inversión más exigentes, garantías superiores o una distribución más equilibrada de los riesgos.

También podría confirmar que los actuales concesionarios son los mejores candidatos. Pero esa conclusión tendría mayor sustento si surge de una comparación transparente y abierta, y no de la ausencia de competidores.

El Minem y las entidades competentes deben iniciar desde ahora la evaluación del escenario posterior a 2033 y 2034. La planificación energética no consiste únicamente en garantizar que el gas siga circulando, sino en establecer las condiciones bajo las cuales ese servicio se prestará durante las próximas décadas.

Después de tantos años de operación, el Perú no debería limitarse a preguntar cuánto ofrecen Cálidda y TGP para continuar. Debe formular una pregunta más importante: ¿cuánto podrían ofrecer otros operadores y qué beneficios adicionales estaría dispuesto a obtener el país si abre la competencia?

La decisión no debe tomarse por inercia ni por presión empresarial. Debe sustentarse en información, evaluación técnica y defensa del interés público. Las concesiones tienen fecha de vencimiento. La obligación del Estado es llegar a ese momento con alternativas sobre la mesa, no con una sola puerta abierta.