La falta de dinero para obras en Cusco y otras regiones del país tiene su origen en decisiones del Congreso. Entre 2021 y 2025, los parlamentarios aprobaron 248 leyes que obligan al Estado a asumir gastos fijos y permanentes, principalmente en sueldos y pensiones, con un costo acumulado que alcanzará los S/50 mil millones para 2027. Como hoy se destina mucho más dinero a estos pagos obligatorios, los recursos para obras públicas cayeron del 28.5% del presupuesto en 2023 al 22.3% en 2026, dejando a las regiones sin fondos suficientes para construir carreteras, colegios y servicios básicos.
Al respecto, el propio MEF enfatizó que la gran mayoría de las medidas legislativas aprobadas se enfocaron en cargas laborales de carácter indefinido: “Resulta particularmente llamativo el impacto sobre el gasto público, pues 199 de estas leyes (aproximadamente el 80% del total) se concentraron en incrementar el gasto, principalmente a través de remuneraciones y pensiones”. Asimismo, el MEF alertó que la proliferación de esta normativa genera un “efecto acumulativo” que ahoga la capacidad del Ejecutivo para atender otras prioridades de inversión.
Desde las regiones, dirigentes y especialistas advierten el impacto. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, lamentó el incremento del gasto corriente injustificado. “La planilla del Estado, en otras palabras, se ha multiplicado y eso no nos está permitiendo avanzar”, manifestó. Por su parte, Víctor Calderón, presidente del Frente de Defensa de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa, cuestionó la aprobación de normas sin respaldo presupuestal y demandó reorientar los fondos a proyectos de agua y saneamiento: “La población rechaza esta situación porque es un perjuicio a la ciudadanía que vivimos del día a día”. El economista ayacuchano Raúl Vegas advirtió sobre el poco margen que dejan estos compromisos: “El próximo gobernante no tendrá suficiente margen de maniobra para cumplir sus promesas de campaña”. El desafío para las regiones es garantizar que cada sol disponible para inversión se traduzca en obras terminadas y beneficios concretos para la población.
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