En una decisión unánime, la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó con 6 votos a favor admitir a trámite la denuncia e iniciar formalmente una investigación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
La resolución fue adoptada durante la segunda sesión ordinaria del grupo de trabajo legislativo, la cual estuvo bajo la conducción de su presidente, el diputado Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras. El dictamen responde al expediente 001-2026-2027/CEP-CR, el cual imputa al legislador una presunta vulneración del Código de Ética tras ser denunciado por cometer actos de violencia física y psicológica en contra de su expareja.
El caso se remonta al pasado 30 de julio, cuando Pérez Mallqui fue intervenido en flagrancia tras presuntamente irrumpir en la vivienda de la denunciante. De acuerdo con los alegatos presentados por la defensa de la presunta víctima, el legislador habría ejercido agresiones físicas y proferido amenazas directas, inclusive dentro de las instalaciones de la Comisaría de San Miguel mientras la afectada rendía su manifestación oficial ante los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El presidente de la comisión, Henry Albañil, detalló a los medios de comunicación que el plazo ordinario para esta indagación técnica será de 15 días hábiles. Durante este periodo, el equipo especializado se encargará de recopilar elementos probatorios, efectuar la notificación oficial al parlamentario denunciado para que ejerza su derecho a la defensa y, de forma prioritaria, recoger el testimonio presencial de la presunta agraviada (de iniciales L.E.B.V.).
Cabe precisar que la solicitud de sanción fue promovida por el legislador Christian Aranda (Renovación Popular), quien ha planteado de manera formal que se imponga a Pérez Mallqui la suspensión máxima de 120 días sin goce de haber, en estricto cumplimiento del Reglamento del Congreso. Asimismo, en el fuero jurisdiccional, el Ministerio Público mantiene abierta la carpeta indagatoria a través de la Fiscalía Suprema de Familia.
Concluida la fase técnica de recolección de pruebas dentro del grupo parlamentario, el dictamen final será sometido a debate y votación interna antes de ser elevado formalmente al pleno de la cámara para la determinación de las sanciones correspondientes.
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