viernes, julio 3, 2026
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Cárcel para exsecretaria del gobierno regional que intentó sobornar con dinero oculto en un plato de cuy

La exservidora buscaba direccionar la contratación de cuatro familiares, incluyendo a su hijo y a su expareja

Marisol Torres recibió más de tres años de prisión efectiva tras camuflar S/ 2,000 en una billetera dentro de una vianda de comida

El Poder Judicial del Cusco dictó una condena de tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva contra Marisol Torres, exsecretaria de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco, tras ser hallada culpable del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado Peruano. El caso causó asombro en la ciudad imperial debido a la inusual modalidad que empleó la ahora sentenciada para camuflar el dinero ilícito.

Según la investigación del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Cusco, liderada por la fiscal Gloria Soto Jara, los hechos se remontan al 19 de enero de 2019. Torres aprovechó su cercanía institucional para entregarle al entonces director de Recursos Humanos una bandeja con un plato de cuy. Sin embargo, en el interior de la vianda se había escondido una billetera de marca que contenía S/ 2,000 en efectivo, acompañada de una lista con los datos de cuatro familiares directos —entre ellos su hijo mayor y su expareja— para que fueran contratados de forma directa. El funcionario rechazó el plato, confrontó a la trabajadora y denunció el acto criminal de inmediato.

Inhabilitación y orden de captura
Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado impuso a la sentenciada cinco años de inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo o función pública, el pago de S/ 3,293.75 por concepto de días multa y una reparación civil de S/ 3,000 en favor del Estado Peruano.

La ejecución de la pena pasó a ser efectiva y provisional debido a que Torres incumplió con abonar una caución económica previa. El tribunal declaró improcedente un último recurso de la defensa que pretendía sustituir dicho pago entregando un vehículo. Ante el desacato, el juzgado revocó las reglas de conducta y ordenó a la Policía Nacional la inmediata ubicación, captura e internamiento de la sentenciada en un centro penitenciario.

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