La primera presidenta electa del Perú asumirá el mando en un país polarizado tras vencer por un estrecho margen de 49 mil votos.
Tras la confirmación de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, Keiko Fujimori Higuchi se prepara para asumir la Presidencia de la República este 28 de julio. La lideresa de Fuerza Popular llegará a Palacio de Gobierno en su cuarto intento histórico, tras imponerse en una reñida segunda vuelta frente a Roberto Sánchez por una diferencia de apenas 49,641 votos, un escenario que plantea una agenda inmediata marcada por la alta fragmentación social y la urgencia de reformas.
A menos de un mes de la transferencia de mando por parte del jefe de Estado interino, José María Balcázar, analistas y sectores productivos coinciden en que la nueva gestión del Poder Ejecutivo deberá afrontar cuatro retos estructurales prioritarios para garantizar la estabilidad institucional del periodo 2026-2031:
- Legitimidad política y contención de la conflictividad social
El primer gran obstáculo de la presidenta electa será neutralizar la resistencia política y social en las regiones del sur y el centro del país, donde el voto opositor fue mayoritario. Ante los anuncios de movilizaciones por parte de los sectores que respaldaron a Roberto Sánchez, el nuevo gabinete ministerial tendrá la tarea de construir puentes de diálogo y mitigar el histórico antifujimorismo, demostrando un respeto irrestricto a la separación de poderes y el Estado de derecho.
- Restablecimiento del orden interno y lucha contra el crimen organizado
La ciudadanía ha señalado a la inseguridad, las redes de extorsión y el sicariato como los problemas más graves que flagelan el territorio nacional. La propuesta de «mano dura» contra el crimen, eje central de la campaña de Fuerza Popular, deberá traducirse rápidamente en planes operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recuperar el principio de autoridad en las calles y desarticular las economías ilegales sin descuidar los estándares de derechos humanos.
- Destrabe de inversiones mineras y estabilidad económica
En el plano económico, la gestión de Fujimori buscará recuperar la confianza empresarial para reactivar el empleo y el aparato productivo. El reto inmediato consiste en viabilizar y destrabar grandes proyectos mineros paralizados por disputas socioambientales, asegurando paralelamente que los recursos del canon minero se ejecuten de manera eficiente y transparente en los gobiernos locales para frenar nuevos focos de protesta.
- Sostenibilidad fiscal y reestructuración de Petroperú
La próxima administración heredará la crítica situación financiera de la empresa estatal Petroperú. El equipo económico de la mandataria deberá implementar una auditoría profunda y una reestructuración operativa drástica para detener el salvataje financiero con fondos fiscales, protegiendo la caja del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y garantizando el equilibrio macroeconómico del país.
Con una representación mayoritaria en el nuevo Congreso bicameral, Fuerza Popular posee una ventaja legislativa importante para evitar los escenarios de vacancia que afectaron a gestiones anteriores; sin embargo, la sostenibilidad de su gobierno dependerá de su capacidad para convocar un gabinete de ancha base y reconciliar a un país profundamente dividido.
