Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal ratifica la vigencia plena de la Decimocuarta Enmienda constitucional.
En una decisión de trascendencia histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional e ilegal la orden ejecutiva emitida por la administración de Donald J. Trump que pretendía poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento (jus soli) para los hijos de inmigrantes en situación irregular.
El dictamen judicial desactiva de forma definitiva el pilar más polémico de la agenda migratoria del Gobierno y garantiza la protección legal de más de 250,000 niños que nacen anualmente en suelo estadounidense.
Defensa del mandato constitucional
La resolución del alto tribunal se adoptó por una mayoría de 6 votos contra 3, ratificando los fallos previos de las cortes federales de menor jerarquía. Los magistrados determinaron que el texto de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución es inequívoco: toda persona nacida en el territorio nacional y sujeta a sus leyes posee la ciudadanía estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus progenitores.
El dictamen desestimó los argumentos del equipo legal de la Casa Blanca, el cual sostenía que la norma promulgada en 1868 había sido malinterpretada a lo largo del tiempo. Durante las audiencias previas del caso, las cuales contaron con la inédita presencia física del propio mandatario en la sede de la Corte, se advirtió que aplicar la restricción habría generado una crisis humanitaria al crear una generación de menores apátridas y un colapso burocrático en el sistema de salud.
Reacciones y fisuras políticas
Mientras las organizaciones de derechos civiles y defensa del inmigrante celebraron el fallo como una victoria contundente del Estado de derecho, el ala conservadora del tribunal mostró opiniones divididas. El juez Clarence Thomas lideró el voto disidente argumentando que la enmienda ha sido tergiversada para fines políticos, mientras que el magistrado Neil Gorsuch emitió un escrito centrado en debates técnicos sobre el concepto de domicilio legal.
Aunque la administración federal había anticipado que acataría de manera estricta el veredicto del Máximo Tribunal, el fallo representa un duro revés político para el programa de control fronterizo del Poder Ejecutivo en un contexto de alta polarización interna.
