Nuestros resistidos ‘padres de la patria’ recibirán una tranquila y bien acomodada navidad, mientras millas de peruanos continúan siendo extorsionados diariamente.
En un país donde cada día se registra una extorsión a un bodeguero, un transportista, un pequeño emprendedor, un colegio, donde la gente hace lo que pueda por llegar a fin de mes, existe una institución que dice estar del lado de la población, pero sus acciones dicen todo lo contrario: ese lugar, al que en reiteradas ocasiones han intentado convertirlo en cenizas y nada más, se llama Congreso, y adentro se encuentran (por ahora) 130 parlamentarios que nuevamente este año pasarán una acomodada navidad, rodeados de regalos, viajes, bonos y costosas tarjetas.
En diciembre, nuestros impopulares legisladores recibirán un “paquete navideño” de beneficios que eleva sus ingresos por ese mes a S/ 46.900, según un reportaje del programa Cuarto Poder. Este monto no es simplemente un aguinaldo, sino la suma de varios conceptos: su salario mensual de S/ 15.600, una gratificación equivalente, un bono por función congresal de S/ 11.000, asignaciones por semana de representación que suman S/ 2.800, y la ya polémica tarjeta electrónica navideña por S/ 1.900.
El Congreso ha adquirido 4.500 tarjetas electrónicas, cada una valorizada en S/ 1.900, lo que implica un desembolso total estimado de S/ 8,55 millones para repartir entre legisladores, personal de planta y empleados de confianza. Según el convenio colectivo vigente hasta 2025, estas tarjetas están diseñadas con estándares de seguridad deben tener al menos un año de vigencia, incluir mecanismos contra adulteración y permitir compras en todo el país además de un canal de atención al cliente 24/7 por teléfono y correo.
El incremento en el valor de la tarjeta no es menor. En 2020 y 2021 costaba S/ 1.500; para 2022 y 2023 pasó a S/ 1.700; y desde 2024 el monto se fijó en S/ 1.900. Además, desde 2023 hasta ahora, el Parlamento ha gastado más de S/ 24,6 millones solo en este concepto. El origen de estos beneficios está en el convenio colectivo entre el Congreso y el Sindicato de Trabajadores (SITRACON), un acuerdo que muchos señalan como poco fiscalizado.
En octubre pasado, la Mesa Directiva aprobó la instalación de una nueva comisión negociadora para el convenio de 2026-2027 (firmado por Fernando Rospigliosi), lo que podría mantener o incluso ampliar estos privilegios. El analista político Iván García no ha sido tibio en sus críticas: para él, es “otro festín en trineo” en un Congreso que demostró poca “austeridad institucional” cuando el país atraviesa dificultades económicas. La falta de supervisión también ha sido cuestionada.
La Contraloría no podría intervenir directamente en estos acuerdos porque se tratan de negociaciones internas del Parlamento con su sindicato. Este diseño llega en un momento delicado para el Estado peruano: mientras millones de ciudadanos enfrentan dificultades económicas, los legisladores se aseguran un ingreso extraordinario. Según analistas y críticos, este “paquete navideño” no solo refleja privilegios desproporcionados,sino también un divorcio entre el legislativo y la realidad social que atraviesa el país
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