La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes el informe final que recomienda inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575 concluye que Castillo ejecutó una serie de acciones previas y posteriores al mensaje televisado en el que anunció el cierre inconstitucional del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, medidas que —señala el documento— carecen de sustento constitucional.
Entre las acciones señaladas se encuentra la realización de reuniones cuyos contenidos no fueron esclarecidos, así como la orden a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, para coordinar con TV Perú la transmisión del mensaje que rompía el orden democrático.
El informe también indica que Castillo impartió instrucciones directas al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para cerrar el Parlamento, impedir el ingreso de cualquier persona, intervenir el Ministerio Público y detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Además, según la investigación, habría solicitado reforzar la seguridad de su entorno y el de Betssy Chávez, hoy asilada en la Embajada de México.
Por estas acciones, el documento establece que Castillo vulneró diversos artículos de la Constitución, específicamente aquellos relacionados con la libertad personal, los deberes ciudadanos, la legalidad del toque de queda, los límites del Poder Ejecutivo, la usurpación de funciones y la disolución irregular del Congreso.
La acusación constitucional deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso en una próxima sesión, donde se definirá si procede la sanción de inhabilitación por diez años.
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