Organizaciones internacionales estiman que la cifra de personas sin localizar podría ascender a 50,000 debido al colapso de miles de estructuras en el norte del país.
A doce días de los devastadores sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron la costa central de Venezuela, la emergencia ha entrado en una fase crítica. El colapso del sistema funerario y de salud, sumado a la opacidad en el registro de víctimas, mantiene a miles de familias en un escenario de total desamparo humanitario.
De acuerdo con reportes consolidados por agencias aliadas y plataformas ciudadanas sobre el terreno, los principales cementerios de Caracas y del estado La Guaira (zona cero del desastre) se encuentran totalmente desbordados. Esta saturación ha obligado a las autoridades a iniciar la preparación de fosas comunes en las periferias urbanas para evitar una inminente crisis sanitaria, debido a la acumulación de cuerpos que aún no han podido ser identificados ni procesados formalmente.
Extorsión en medio del dolor
A la tragedia del rescate se suma una ola de denuncias por corrupción y especulación criminal en los servicios funerarios. Decenas de deudos han reportado que mafias operantes en las morgues improvisadas y camposantos exigen cobros irregulares de entre 400 y 600 dólares americanos para agilizar la entrega de los restos o permitir un entierro básico. En un contexto de profunda precariedad económica local, estas tarifas restrictivas impiden que cientos de familias puedan dar una sepultura digna a sus seres queridos.
La alarmante cifra de desaparecidos
Mientras los balances gubernamentales oficiales reportan de forma conservadora algo más de 3,500 fallecidos, misiones técnicas internacionales de monitoreo y organizaciones de derechos humanos advierten que el verdadero impacto de la catástrofe sigue oculto. Las proyecciones basadas en densidades demográficas de los edificios colapsados y reportes de familias apuntan a que el número de personas desaparecidas bajo los escombros podría aproximarse a las 50,000.
Organizaciones no gubernamentales e iglesias locales han hecho un llamado urgente para establecer corredores de ayuda directos, fiscalizar el destino de las donaciones internacionales y desplegar veedores independientes que detengan los abusos económicos en los cementerios. La prioridad absoluta de las próximas horas se centra en agotar los esfuerzos de búsqueda y rescate técnico en las estructuras colapsadas antes de que las posibilidades de supervivencia se reduzcan a cero.
