El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada de La Convención demostró que el exburgomaestre concertó de forma ilícita con proveedores para el alquiler de maquinaria pesada
Exfuncionarios municipales recibieron la misma pena como autores, mientras que los empresarios favorecidos fueron condenados a seis años de cárcel en calidad de cómplices
El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, liderado por el fiscal provincial Carlos Alberto Figueroa Paucarpura, obtuvo una contundente sentencia condenatoria de nueve años de pena privativa de la libertad efectiva contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate, José Ríos Álvarez (periodo 2011-2014), al hallársele responsable del delito de colusión agravada.
La drástica medida judicial alcanza también, bajo la condición de autores, a los exfuncionarios ediles Eduardo Elías Ramos Cárdenas, Johan Alexander Bautista Valverde y Saúl Suárez Ríos, quienes recibieron la misma pena de nueve años de cárcel. Asimismo, el tribunal impuso seis años de prisión efectiva a los proveedores Miguel Ángel Poblete Valdivia y Carlos Enrique Poblete Valdivia en calidad de cómplices.
El «modus operandi»: Regularización e irregularidades
La investigación penal acreditó de manera irrefutable que el entonces alcalde José Ríos Álvarez concertó de forma previa y clandestina con los hermanos Poblete Valdivia el uso de un tractor sobre oruga y una excavadora para la obra «Construcción de la trocha carrozable Playa Pachiri–San Martín». Las maquinarias empezaron a operar en enero de 2013, varios meses antes de que la municipalidad convocara formalmente el concurso público y firmara el contrato de prestación de servicios.
Para ocultar el pacto ilícito y evadir la Ley de Contrataciones del Estado, los sentenciados aplicaron las siguientes maniobras administrativas:
- Fraccionamiento ilegal: Dividieron los requerimientos del alquiler en múltiples órdenes de compra de menor cuantía económica.
- Estudios de mercado falsos: Utilizaron cotizaciones presuntamente falsas de empresas del rubro para simular una competencia comercial inexistente.
- Contrato de regularización: Convocaron el Concurso Público N.° 004-2013-CEP-MDE/LC para favorecer al Consorcio Quillabamba, formalizando el fraude el 10 de mayo de 2013 por un monto total de S/ 440 423,72.
- Simulación de trámites: Los funcionarios emitieron informes de conformidad conformados para validar pagos ilícitos, como el transporte de maquinarias que ya estaban trabajando en la zona de la obra.
Fraude en la ejecución y perjuicio al Estado
El Ministerio Público demostró además que el contrato se perfeccionó con graves omisiones legales, permitiendo su suscripción sin que el consorcio ganador presentara la carta de garantía de fiel cumplimiento obligatoria. Esta flexibilidad ilegal otorgó beneficios indebidos al contratista, quien posteriormente incumplió con el servicio técnico, forzando una resolución parcial del acuerdo contractual y perjudicando la conectividad de las comunidades beneficiarias de la trocha carrozable.
El juzgado penal correspondiente dispuso las órdenes de captura inmediatas a nivel nacional para los sentenciados a fin de que sean internados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el cumplimiento físico de sus condenas.
