El expresidente autorizó formalmente a su abogado para iniciar el trámite argumentando un alto riesgo cardiovascular, deterioro cognitivo y depresión severa.
El exmandatario Alejandro Toledo Manrique, recluido en el penal de Barbadillo, autorizó mediante un documento firmado a su defensa legal, liderada por el abogado Carlos Torres Caro, para que tramite una solicitud oficial de indulto humanitario y gracia presidencial debido al crítico deterioro de su estado de salud físico y mental.
La defensa técnica confirmó que el pedido formal será presentado el próximo 28 de julio de 2026, coincidiendo de manera estratégica con el inicio de funciones de la administración gubernamental entrante de Keiko Fujimori, a quien el letrado extendió un llamado público de «clemencia y misericordia».
Diagnóstico médico y sustento legal
El sustento de la petición se basa en informes médicos especializados y certificados legales que advierten una situación de extrema vulnerabilidad para el exjefe de Estado. De acuerdo con el reporte de su defensa, Toledo Manrique padece de múltiples patologías crónicas que configuran un panorama clínico adverso:
- Alto riesgo cardiovascular: Peligro inminente de sufrir un infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y crisis de arritmia cardíaca.
- Afecciones de salud mental: Diagnóstico clínico de deterioro cognitivo progresivo y un cuadro severo de depresión.
Torres Caro argumentó que las condiciones de reclusión actuales ponen en riesgo la vida de su patrocinado, por lo que apelan a una medida excepcional por estrictas razones humanitarias para evitar que fallezca en prisión.
Vías alternativas: Detención domiciliaria
En paralelo al pedido de indulto presidencial, el equipo legal del exmandatario se encuentra evaluando la aplicación de la Ley N.° 32181. Esta normativa legal faculta a los sentenciados mayores de 80 años de edad a solicitar la variación de la pena efectiva por detención domiciliaria debido a motivos de salud y vulnerabilidad etaria.
Como se recuerda, Alejandro Toledo cumple actualmente una condena de 20 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en el marco de las investigaciones del caso de la Carretera Interoceánica Sur vinculada a la constructora Odebrecht.
