El excandidato de Juntos por el Perú calificó el proceso de «irregular» tras el rechazo de sus apelaciones sobre el voto en el extranjero.
El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su rechazo a la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa y anunció que su equipo técnico recurrirá a instancias internacionales para cuestionar la validez de los resultados electorales de la segunda vuelta.
El pronunciamiento se dio inmediatamente después de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) diera por cerrado el proceso de fiscalización de actas y refrendara la victoria de Fuerza Popular por un estrecho margen de 49,641 votos.
Cuestionamientos al voto en el exterior
Sánchez criticó de manera severa el desempeño del tribunal electoral, argumentando que se apresuró la ceremonia de proclamación sin haber resuelto a fondo las observaciones presentadas por sus personeros legales. Las principales quejas de la agrupación se centraron en la custodia y el escrutinio de las actas de sufragio correspondientes a los centros de votación en el extranjero.
«Una proclamación formal no subsana las irregularidades que hemos denunciado en las valijas consulares. No podemos dar por legítimo un proceso donde el voto de miles de peruanos en el exterior ha dejado serias dudas de transparencia», enfatizó el actual parlamentario, descartando entablar cualquier mesa de diálogo o tregua política con el gobierno entrante de Fuerza Popular.
Estrategia internacional y fiscalización parlamentaria
Ante el agotamiento de las vías legales dentro del sistema electoral peruano, Juntos por el Perú activará las siguientes medidas de oposición:
- Denuncia ante la CIDH: Elevarán un expediente formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una auditoría externa al proceso de sufragio en el extranjero.
- Bloque de fiscalización: Articularán un frente de oposición democrática y fiscalización estricta dentro del nuevo Congreso bicameral, vigilando de cerca la designación del próximo gabinete ministerial.
Pese al clima de polarización, los entes electorales reiteraron que los resultados oficiales de la ONPE (50.135% frente a 49.865%) gozan de total validez jurídica e irreversibilidad, por lo que el calendario de transferencia de mando continuará de acuerdo con lo estipulado por la ley.
