Fallo ratifica la legalidad del cese del exmandatario, quien cumple prisión tras su condena por conspiración para la rebelión.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones, mediante la cual se pretendía dejar sin efecto la declaración de vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República, así como ordenar su inmediata excarcelación y reposición en el cargo de jefe de Estado.
La resolución judicial responde al recurso de agravio constitucional interpuesto por el ciudadano José Facundo Ponce Quispe. La defensa alegaba una supuesta afectación a los derechos fundamentales a la libertad individual, la integridad personal y al debido proceso, bajo el argumento de que el Parlamento no había seguido de forma estricta los reglamentos de votación internos al momento de deponerlo.
Argumentos del Colegiado
Al evaluar el Expediente N° 05287-2025-PHC/TC, el tribunal determinó que la demanda no cumple con los requisitos normativos del código procesal. En sus considerandos, los magistrados concluyeron que el cuestionamiento dirigido contra el trámite parlamentario de vacancia por incapacidad moral permanente «no guarda una relación directa, negativa y concreta con la restricción del derecho a la libertad personal o de derechos conexos» del favorecido.
Asimismo, la jurisprudencia previa del TC ha dejado asentado que la declaratoria de vacancia no constituyó un acto arbitrario, sino un efecto declarativo de su previo cese como gobernante de iure, ocasionado tras su propia declaración pública de instaurar un gobierno de facto y disolver los poderes del Estado.
Situación Legal
Con este pronunciamiento, la justicia constitucional cierra una de las últimas vías extraordinarias intentadas por los sectores afines a Castillo Terrones para revertir las consecuencias legales de sus acciones políticas. Cabe recordar que el expresidente se encuentra recluido en el establecimiento penal de Barbadillo, cumpliendo una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva impuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el delito de conspiración para la rebelión. Asimismo, afronta mandatos vigentes de prisión preventiva por presunta organización criminal en agravio del Estado.
