Cuatro agentes del CICPC fueron capturados tras ser grabados apropiándose de dólares en un edificio colapsado de La Guaira.
En medio de la tragedia humana provocada por el devastador terremoto que sacudió la costa venezolana, un acto de presunta corrupción y pillaje ha desatado la indignación internacional. Cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados y arrestados tras ser descubiertos robando miles de dólares en efectivo pertenecientes a las víctimas del sismo.
El vergonzoso incidente se registró en las Residencias Vallarta, un complejo habitacional afectado en la urbanización Playa Grande de La Guaira. Los agentes aprovecharon su libre acceso a la «zona cero» para sustraer el dinero de los departamentos destruidos.
Confrontación ciudadana en video
La maniobra ilícita fue descubierta por los propios damnificados del condominio. Al percatarse de que uno de los policías ocultaba un fajo de billetes extranjeros entre sus pertenencias, un grupo de ciudadanos rodeó al uniformado para increparlo al grito de «¡vergüenza!».
El altercado escaló rápidamente cuando los vecinos decidieron tomar la justicia por sus manos: forcejearon con el agente, recuperaron la bolsa que contenía una suma estimada en 10,000 dólares y, en un acto de extrema indignación colectiva, procedieron a romper los billetes frente a las cámaras de los teléfonos celulares para evitar que la policía volviera a quedárselos. El video del suceso se viralizó de inmediato en las redes sociales, forzando la intervención de los altos mandos del Gobierno.
Destitución y juicio penal
Ante la contundencia de las imágenes, el director general del CICPC, Douglas Rico, firmó la baja definitiva e irrevocable de los cuatro detectives implicados, calificando su conducta como una traición a los valores institucionales.
Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, se pronunció de manera enérgica sobre el caso y ratificó que el Gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente al pillaje en las zonas de desastre. Los ahora expolicías permanecen recluidos en un penal de máxima seguridad y serán procesados bajo graves cargos de corrupción, hurto agravado y delitos morales en situación de calamidad pública, enfrentando las penas más severas del código penal venezolano.
