Una nueva controversia golpea a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo luego de que la Contraloría General de la República advirtiera presuntas irregularidades en la contratación de 185 trabajadores durante el año 2025 para la ejecución de obras bajo administración directa. De acuerdo con el informe de Acción de Oficio Posterior, la entidad habría incorporado profesionales, técnicos y personal administrativo bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276 sin concurso público de méritos ni plazas presupuestadas aprobadas, generando un gasto público que asciende a S/ 2 millones 291 mil 711,90. El órgano de control sostiene que estas incorporaciones se habrían sustentado en directivas internas emitidas desde la propia administración municipal, situación que hoy abre cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento aplicado.
Según el documento de control, las contrataciones se realizaron entre enero y diciembre de 2025 para intervenir en 28 proyectos municipales, suscribiéndose contratos temporales e incluso ampliaciones mediante adendas conforme continuaban las obras. Sin embargo, la Contraloría observó que la municipalidad habría recurrido a criterios normativos que ya no serían compatibles con el marco vigente del empleo público, el cual establece que toda incorporación al Estado debe realizarse mediante procesos públicos, transparentes y basados en mérito. Además, el informe advierte que las contrataciones observadas no habrían contado con sustento dentro de las excepciones presupuestales permitidas y que la directiva interna utilizada tampoco habría acreditado una validación que permita apartarse de las reglas generales de contratación estatal.
Las observaciones se agravan porque el órgano de control también detectó que algunos pagos de remuneraciones fueron cargados a proyectos distintos de aquellos para los cuales el personal había sido originalmente contratado, generando dudas sobre la trazabilidad del gasto y el control interno dentro de la gestión municipal. Entre los casos observados se menciona personal vinculado a una obra del camal municipal cuyos pagos terminaron siendo imputados a otro proyecto de transitabilidad vehicular. Aunque el informe no determina responsabilidades administrativas ni penales de manera automática, sí recomienda evaluar la validez de los actos emitidos y establecer eventuales responsabilidades funcionales. Mientras tanto, el caso vuelve a instalar una pregunta que hoy resuena en San Jerónimo: ¿se utilizaron las obras públicas únicamente para ejecutar infraestructura o también para ampliar contrataciones fuera de los mecanismos ordinarios del Estado?
