El Ministerio Público precisó que requiere más tiempo para concluir las diligencias pendientes sobre los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada. El juez Jorge Chávez Tamariz evaluará la medida este lunes 1 de junio en una audiencia virtual.
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ampliar el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y otros implicados por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar de Madre Mía durante la década de 1990, periodo en el que dicha instalación estuvo bajo su mando.
El requerimiento fue presentado el último 22 de mayo por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo (sede Lima Centro). Esta instancia tiene a su cargo las indagaciones contra Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y otros tres militares, acusados del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.
La instancia fiscal también investiga al exmandatario por el presunto delito de desaparición forzada en perjuicio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.
El Ministerio Público consideró necesaria esta prórroga para llevar a cabo una serie de diligencias que aún se encuentran pendientes. Además, la medida responde a que el plazo inicial de ocho meses para esta investigación —calificada de naturaleza compleja— venció el reciente 24 de mayo.
Evaluación del pedido y antecedentes
La solicitud de extensión fue elevada al despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien programó una audiencia virtual para el lunes 1 de junio a las 11:00 a. m. En esta sesión, que contará con la participación de las partes procesales, se evaluará el requerimiento a fin de emitir una decisión en los próximos días.
Cabe recordar que, en el año 2009, la Corte Suprema dispuso el sobreseimiento del proceso penal que afrontó Humala por el caso ‘Madre Mía‘, al determinar en su momento que no había mérito suficiente para someterlo a un juicio oral.
Actualmente, el exjefe de Estado cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate. Dicha sentencia fue impuesta por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el 15 de abril de 2025, por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, a raíz de los aportes ilegales recibidos para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
