Con 8 votos a favor, el grupo de trabajo legislativo dio luz verde al informe que recoge la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación de mayo de 2025 que imputa presunto encubrimiento personal a la exmandataria por el uso del vehículo presidencial en 2024.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la parlamentaria Lady Camones Soriano, aprobó este miércoles el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 595 presentada por la Fiscalía de la Nación contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior Juan José Santiváñez.
La decisión, tomada en una sesión extraordinaria, declara procedente la acusación por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal en el marco del caso conocido como ‘El Cofre’, relacionado con el uso de un vehículo oficial en febrero de 2024 que habría facilitado la huida del prófugo Vladimir Cerrón.
«La decisión se adoptó con 8 votos a favor, 1 en contra y sin abstenciones, durante una sesión extraordinaria realizada este miércoles 18 de marzo», señala el reporte oficial del Congreso.
El informe elaborado por la Secretaría Técnica determinó que la denuncia cumple con todos los requisitos de procedencia y que existen elementos suficientes para investigar los tipos penales señalados en el Código Penal.
Denuncia constitucional presentada por Delia Espinoza
De acuerdo con la imputación fiscal, a Dina Boluarte se le atribuye el presunto delito de encubrimiento personal agravado por haber facilitado que el líder de Perú Libre eludiera los controles policiales en la zona de Asia el 24 de febrero de 2024, mientras que a Juan José Santiváñez se le acusa de omisión de denuncia agravada por no informar a las autoridades competentes sobre estos hechos a pesar de conocerlos en su condición de ministro.
«La investigada habría ordenado que el vehículo oficial se dirija al condominio Asia del Sur, ubicado en el distrito de Asia, provincia de Cañete (Lima), donde se desarrollaba acciones policiales de control de identidad personal y vehicular con la finalidad de ubicar y capturar a referido prófugo», indica la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público. La denuncia constitucional tuvo su origen el 16 de mayo de 2025, cuando la entonces fiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela interpuso el recurso ante el Parlamento tras detectar un incremento patrimonial injustificado y el presunto uso irregular del vehículo presidencial ‘El Cofre’, el cual no es susceptible de intervenciones policiales.
Respecto a Santiváñez Antúnez, la denuncia indica que el entonces ministro del Interior «debió comunicar a la autoridad competente este encubrimiento por parte de la presidenta de la República». Con la aprobación de este miércoles, el expediente será remitido a la Comisión Permanente, la cual deberá evaluar el informe y, de ser aprobado, otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice la investigación final y presente un documento que será elevado al Pleno para su debate definitivo.
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