Magistrada constitucional determinó que las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias no son vinculantes para el Estado peruano.
El escenario legal del expresidente José Pedro Castillo Terrones sumó un nuevo revés en los tribunales constitucionales. El Poder Judicial declaró «improcedente» la demanda de habeas corpus interpuesta a su favor, la cual exigía suspender los mandatos de detención en su contra y ordenar su inmediata excarcelación del establecimiento penal donde se encuentra recluido.
La resolución fue emitida por el juzgado constitucional a cargo de la magistrada Ana Osorio. La jueza desestimó los argumentos presentados por la defensa legal del exjefe de Estado, que pretendía anular tanto la vacancia presidencial como el levantamiento de su antejuicio político utilizando un pronunciamiento internacional.
Argumentos de la ONU no son vinculantes
El recurso se basaba en un informe del Grupo de Trabajo de la ONU que calificaba la detención de Castillo tras el fallido golpe de Estado de 2022 como arbitraria, recomendando su liberación. Sin embargo, el tribunal precisó que dichas opiniones «no constituyen una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano».
Situación jurídica se mantiene
El tribunal determinó que el pedido no afectaba derechos constitucionales protegidos, declarando la improcedencia según el Código Procesal Constitucional. En consecuencia, Castillo Terrones seguirá recluido cumpliendo la prisión preventiva y los procesos por rebelión y otros delitos.
Comentarios
Inicia sesión con Google para comentar.
Sé la primera persona en comentar.