El Parlamento aprobó las enmiendas normativas que sustituyen de forma definitiva la pena capital por cadena perpetua agravada.
En una sesión parlamentaria calificada como un hito jurídico sin precedentes para la región, el Parlamento de Líbano aprobó el proyecto de ley que elimina definitivamente la pena de muerte de su legislación penal. De esta manera, el Estado mediterráneo se consolida formalmente como la primera nación de Oriente Medio en proscribir de sus tribunales la potestad de dictar sentencias de muerte.
El ministro de Justicia libanés, Adel Nassar, celebró el respaldo de los legisladores y destacó el significado ético de la reforma. «Con esta abolición, Líbano recupera su papel pionero en la región como defensor de los derechos humanos», manifestó el funcionario, agregando que el Estado «ha optado por combatir el asesinato en lugar de recurrir a la pena capital». Nassar aclaró taxativamente que la medida no constituye un acto de clemencia, ya que «la privación de la libertad no es clemencia».
Transición jurídica y conmutación de penas
El proyecto aprobado introduce enmiendas estructurales al artículo 37 del Código Penal y deroga los procedimientos de ejecución fijados en el Código de Procedimiento Penal. El nuevo marco normativo establece el siguiente régimen de transición:
- Sustitución penal: Todos los delitos que anteriormente contemplaban el fusilamiento o el ahorcamiento serán sancionados con prisión perpetua.
- Efecto retroactivo: Los crímenes perpetrados antes de la entrada en vigor de la ley se conmutarán automáticamente por cadena perpetua ordinaria.
- Delitos futuros: Los actos punibles cometidos con posterioridad a la promulgación recibirán la sanción de cadena perpetua agravada con trabajos forzados.
La propuesta legislativa original fue formulada por la Asociación Libanesa de Derechos Civiles (LACR), cuya fundadora, Ogarit Younan, lidera la Campaña Nacional para Abolir la Pena de Muerte desde el año 1997.
Un fuerte precedente en la región
Aunque Líbano mantenía una moratoria de facto y no ejecutaba a ningún reo desde enero de 2004, sus tribunales civiles y militares continuaban dictando sentencias capitales por cargos de homicidio, espionaje o terrorismo. Al cierre de 2025, un total de 85 personas permanecían recluidas en el corredor de la muerte dentro de las prisiones libanesas.
La votación en la Cámara avanzó tras ser reincorporada con carácter prioritario en la agenda del pleno, logrando superar la resistencia de bloques políticos tradicionales. El bloque parlamentario del partido-milicia chií Hezbolá optó por abandonar el hemiciclo antes de que se registraran los votos, dejando en evidencia las tensiones internas respecto al manejo de la justicia punitiva.
Respaldo de la comunidad internacional
La histórica resolución del Líbano fue recibida con firme optimismo por las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y plataformas globales de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional (AI), la directora regional Heba Morayef ensalzó el logro parlamentario indicando que transforma «una precaria pausa en las ejecuciones en una protección jurídica duradera». Asimismo, instó al Gobierno libanés a consolidar este avance mediante la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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