El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la aplicación de severas restricciones de visado contra 27 altos funcionarios, exautoridades y empresarios de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Según el comunicado oficial de la diplomacia estadounidense, las sanciones responden a reportes creíbles que vinculan a estos ciudadanos con actos significativos de corrupción, facilitación del narcotráfico y acciones orientadas a socavar instituciones democráticas en el hemisferio occidental. La disposición prohíbe de forma inmediata el ingreso a territorio norteamericano tanto de los implicados directos como de sus familiares cercanos.
La administración del presidente Donald Trump detalló que esta ofensiva forma parte de la política de seguridad regional articulada a través del bloque estratégico Escudo de las Américas, diseñado para neutralizar las redes del crimen organizado transnacional. De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el mensaje del Gobierno estadounidense es contundente al establecer que las autoridades involucradas en el encubrimiento de actividades delictivas no serán bienvenidas ni podrán utilizar los sistemas financieros de ese país.
Funcionarios y sectores afectados en la región
El reporte emitido por la Embajada de los Estados Unidos desglosa el impacto de la medida por cada nación afectada:
Bolivia: Concentra el mayor número de sancionados con más de una docena de implicados. Entre ellos destaca el actual fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusado de solicitar sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico, además del exministro de Justicia, Iván Lima, y diversos jueces constitucionales y de instrucción penal.
Colombia: Las sanciones alcanzaron a la senadora del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta Epieyú, y al influyente empresario del sector energético, Euclides Antonio Torres Romero.
Perú: El Departamento de Estado revocó formalmente la visa de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima.
Ecuador: Se incluyó a dos ciudadanos cuyas identidades se mantuvieron bajo reserva por razones de seguridad en las investigaciones en curso.
Las restricciones fueron emitidas bajo el amparo de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados. Este marco legal faculta al Ejecutivo estadounidense a vetar de manera irrevocable el visado a funcionarios extranjeros sospechosos de participar de manera directa o indirecta en violaciones a los derechos humanos o malversación de fondos públicos. Las cancillerías de los países andinos no han emitido pronunciamientos oficiales inmediatos frente a estas suspensiones, mientras se coordinan los respectivos canales de comunicación consular.
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