Una ola de indignación social recorre España. El descontento civil ha desencadenado una jornada de protestas simultáneas en más de 20 ciudades, convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. El detonante directo fue el dramático desahucio judicial de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada del piso donde residió por siete décadas tras la adquisición del inmueble por parte de un fondo de inversión.
La Puerta del Sol de Madrid evoca las movilizaciones históricas del 15-M al albergar a cientos de personas que pernoctan en un campamento improvisado. Paralelamente, se registran masivas concentraciones y cortes de tráfico en Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Cádiz y Málaga, donde los manifestantes exigen frenar estructuralmente los desahucios y la escalada descontrolada en los alquileres.
Ante la tensión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabaja a contrarreloj para aprobar un Real Decreto Ley con medidas habitacionales urgentes. El borrador socialista contempla la prórroga forzosa de dos años para los contratos de alquiler vigentes y suspender desahucios a vulnerables hasta diciembre de 2028, traspasando los costes de compensación a las autonomías.
Sin embargo, el Ejecutivo afronta una compleja negociación en el Congreso de los Diputados. El bloque de izquierda (Sumar, Podemos, ERC, Bildu) presiona para prohibir la compra de viviendas por fondos buitre y regular los alquileres temporales. En contraste, Junts y el PNV rechazan la sobreintervención del mercado y defienden el derecho de los pequeños propietarios.
La Moncloa apura los plazos bilaterales para lograr un texto ambicioso. Mientras tanto, los colectivos ciudadanos advierten que mantendrán las protestas en el espacio público y no descartan convocar una huelga general de alquileres si el marco final resulta insuficiente.
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