La región imperial afronta un deterioro sostenido en sus indicadores de seguridad ciudadana. De acuerdo con los recientes informes de criminalidad procesados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en base a cifras oficiales, las denuncias por el delito de extorsión en el Cusco se han multiplicado por siete en comparación con los registros obtenidos en el año 2019.
Los datos revelan que la tasa de extorsión escaló de manera vertiginosa hasta consolidar 14 denuncias formales por cada 100 mil habitantes al cierre del último año medido. Esto representa un incremento neto del 26 % en comparación con el periodo previo, posicionando a este delito como la única modalidad delictiva con crecimiento ininterrumpido en la región, a diferencia de los hurtos y estafas que mostraron ligeras reducciones.
El subregistro y la conexión con economías ilegales
Especialistas en seguridad advierten que la magnitud real del problema se encuentra drásticamente subestimada debido al temor a las represalias. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), menos del 20 % de las víctimas de extorsión se atreve a formalizar una denuncia ante las autoridades, lo que evidencia la existencia de una masiva «cifra negra» de impunidad en los principales conglomerados comerciales de la ciudad.
El análisis delictivo vincula directamente la proliferación de bandas dedicadas al cobro de cupos con el avance y financiamiento de otras economías ilegales en la región, tales como la minería ilegal. Esta actividad registra sus focos más críticos de denuncias fiscales en las provincias de Chumbivilcas (que concentra casi el 50 % de los casos) y Quispicanchi. El dinero ilícito derivado de estas operaciones financia estructuras criminales organizadas que terminan expandiendo sus redes extorsivas hacia negocios urbanos, transportistas y el sector hotelero.
Precariedad logística en el frente policial
Frente a este avance criminal, la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ve limitada por graves brechas logísticas e institucionales. Los mismos indicadores de infraestructura revelan que solo el 30 % de las comisarías del Cusco se encuentra en buen estado de conservación estructural. Peor aún, cuatro de cada diez dependencias policiales en el departamento carecen de acceso continuo a servicios públicos básicos de saneamiento y conectividad, lo que dificulta la recepción rápida de denuncias informáticas y las labores de inteligencia operativa necesarias para desarticular estas mafias antes de que pongan en jaque la reactivación del turismo regional.
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