Conocer cuánto cuesta una obra o qué compromisos asumió una municipalidad de la región Cusco requiere acceder a los documentos que sustentan esas decisiones. El acceso a la información pública, regulado por la Ley N.° 27806, permite solicitar información producida o poseída por las entidades estatales, como documentos, audios y fotografías. En ese contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos invita a los cusqueños y peruanos en general a “tomar un rol activo en la vigilancia de la administración pública”.
Al presentar una solicitud, ya sea mediante el canal presencial en la mesa de partes o a través de una plataforma virtual, la entidad emite un número de trámite o código de seguimiento. Este comprobante acredita la fecha de presentación y permite realizar el seguimiento del estado del trámite. Además, sirve como prueba ante un eventual incumplimiento de los plazos. Las entidades públicas del Cusco tienen un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar la información y, si requieren una prórroga, deben comunicar los motivos y la nueva fecha dentro de los 2 días hábiles siguientes a la solicitud.
Si la entidad entrega información incompleta o ambigua, deniega el pedido de forma injustificada o vence el plazo de 10 días hábiles sin responder, se puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que revise el caso. También se puede recurrir a la vía judicial mediante una acción de hábeas data ante un juez civil o mixto, incluso sin agotar la vía administrativa, dentro de los 60 días hábiles posteriores a la respuesta insuficiente o negativa. Según sostuvo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “no hay mejor forma de prevenir la corrupción que teniendo instituciones transparentes.
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