Colectivos ciudadanos captaron a la autoridad edil entrando a una sede política en plena jornada de funciones de la Municipalidad de Santiago
Una seria controversia que podría acarrear responsabilidades administrativas y penales sacude la gestión municipal del distrito de Santiago. El alcalde distrital, Sergio Sullca Condori, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser registrado ingresando a un local partidario en pleno horario de trabajo, una acción que ha encendido las alarmas en las instituciones de fiscalización electoral y control interno de la región Cusco.
La difusión de imágenes y testimonios ciudadanos constatan que la autoridad municipal acudió a la sede de una conocida organización política durante las horas en las que, por mandato legal, debió encontrarse ejerciendo sus funciones de representación y administración en la comuna santiaguina. Este hecho ha motivado el rechazo inmediato de diversos sectores civiles, quienes cuestionan si se están utilizando el tiempo, los viáticos o la logística estatal para coordinaciones de cara a los próximos comicios del 2026.
Restricciones legales y exigencia de fiscalización
De acuerdo con el marco normativo de la Contraloría General de la República y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los funcionarios y servidores públicos están terminantemente impedidos de realizar cualquier acto de proselitismo político o asistir a comités partidarios durante su jornada laboral, incluso si alegan encontrarse en uso de un supuesto «permiso particular». La legislación estipula que el principio de neutralidad estatal debe respetarse escrupulosamente para garantizar que el aparato público no favorezca a ninguna agrupación.
Tras este incidente, regidores del Concejo Municipal de Santiago evalúan solicitar un informe detallado a la gerencia de Recursos Humanos para verificar si el alcalde contaba con una licencia formal o si abandonó sus labores sin justificación. De hallarse indicios de una infracción al deber de neutralidad, el caso podría ser derivado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto uso indebido de recursos públicos en beneficio particular.
