El paquete legal apunta a reformar el sistema tributario, agilizar megaproyectos y flexibilizar regulaciones ambientales.
El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi presentó de manera oficial ante el Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual solicita la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. La iniciativa, aprobada tras las primeras sesiones del Consejo de Ministros liderado por el premier Luis Galarreta, busca emitir una serie de decretos legislativos estratégicos orientados a sentar las bases normativas de su gestión (2026-2031) en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y reforma estructural del aparato estatal.
De acuerdo con el documento remitido al Parlamento bicameral, estas son las reformas clave que el Ejecutivo pretende implementar:
- Seguridad ciudadana y reforma penitenciaria
El gobierno prioriza el combate al crimen organizado transnacional y la delincuencia común. El pedido de facultades incluye una intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario para recuperar de forma drástica el control y la autoridad en los penales del país. Asimismo, contempla abrir el marco legal para promover la participación de la inversión privada en la construcción y gestión de establecimientos penitenciarios (penales privados), a la par de coordinar acciones operativas y procesales conjuntas con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
- Impulso económico, régimen tributario y derogatorias financieras
En materia económica, el Ejecutivo apunta a simplificar los regímenes tributarios para las empresas, proponiendo un esquema de Impuesto a la Renta empresarial con tasas marginales progresivas y la deducción de gastos por capacitación y contratación de jóvenes. Una de las medidas más controversiales es la propuesta para derogar la Ley N° 31143 (Ley de topes a las tasas de interés) a fin de sustituirla por un nuevo marco normativo de acceso al crédito. Además, se planea autorizar el acceso de menores de edad, desde los 12 años, a la tenencia de cuentas de ahorro bancarias bajo supervisión tutelar.
- Reducción de feriados y medidas laborales
Bajo la premisa de elevar la productividad nacional, el proyecto evalúa la reducción de los feriados no laborables en el país. También propone revisar el marco de contrataciones y los regímenes de empleo público para fortalecer la meritocracia mediante evaluaciones de desempeño en el servicio civil. Sectores de la oposición legislativa ya han catalogado estas iniciativas como un intento de aplicar un «shock laboral» que podría afectar los derechos de los trabajadores.
- Destrabe de inversiones y flexibilización ambiental
Para acelerar la reactivación, el texto plantea una reducción de la «tramitación excesiva» y la eliminación de barreras burocráticas en sectores clave como minería, hidrocarburos, electricidad e infraestructura. En el ámbito ambiental, el Ejecutivo busca acelerar la aprobación de los instrumentos de gestión, uniformar criterios técnicos e introducir mecanismos de silencio administrativo positivo. El proyecto detalla que cualquier restricción a actividades empresariales en Áreas Naturales Protegidas (ANP) deberá sustentarse estrictamente en evidencia científica objetiva.
- Reorganización y «fusión» de entidades públicas
El gobierno solicita autorización expresa para reestructurar, fusionar, dividir o disolver organismos públicos adscritos al Ejecutivo sin necesidad de pasar por leyes individuales en el Congreso. Bajo este marco, entidades reguladoras, supervisoras y de fiscalización (como Sunat, Sunafil, Indecopi, Osinergmin, entre otras) podrían pasar por un proceso de reingeniería institucional si el Ejecutivo detecta duplicidad de funciones o ineficiencias presupuestarias.
El pedido de facultades legislativas iniciará su debate en las comisiones dictaminadoras del Congreso de la República, donde las bancadas de oposición han adelantado que revisarán minuciosamente cada punto para evitar que el Ejecutivo legisle por encima de las prerrogativas constitucionales del fuero parlamentario.
