El Mincetur aclaró que la medida responde a vacíos regulatorios en el control de importaciones y no implica que el Perú exporte insumos fabricados con mano de obra forzada.
La administración gubernamental de los Estados Unidos de América implementó de forma oficial una nueva estructura de tarifas comerciales que fija un arancel ad valorem del 12.5% para el Perú. La directiva, firmada por el presidente Donald Trump y coordinada a través de la oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), castiga los vacíos detectados en los marcos regulatorios de 60 economías mundiales para fiscalizar, prohibir e impedir efectivamente el ingreso de cadenas globales de suministro ligadas a la explotación laboral.
La medida sustituye el arancel plano del 10% que venció formalmente esta semana. Se ampara jurídicamente en una investigación de la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense iniciada a comienzos de año, orientada a resguardar a las empresas norteamericanas de asimetrías competitivas frente a mercados internacionales con menores estándares regulatorios.
Impacto sectorial y excepciones comerciales
De acuerdo con las primeras alertas corporativas emitidas por gremios como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este sobrecosto aduanero restará competitividad directa a despachos con alto valor agregado y mano de obra masiva. Entre las partidas que sufrirán el recargo del 12.5% en las fronteras estadounidenses destacan:
- Agroexportación: Envíos clave de arándanos, uvas frescas, espárragos y mandarinas.
- Textil y confecciones: Líneas de polos de algodón y prendas terminadas.
- Manufacturas e industrias: Barras, perfiles de cobre refinado y otros derivados.
Pese al impacto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó que más de 2,000 productos peruanos fueron excluidos del listado final del decreto norteamericano, lo cual blinda cerca del 45% del valor promedio de las importaciones que EE. UU. realiza habitualmente desde suelo peruano.
Exigencia de reformas al Parlamento
Las autoridades del Poder Ejecutivo remarcaron que el nuevo régimen fiscalizador norteamericano no obedece a una constatación de abusos laborales en los campos de exportación peruanos, sino a la falta de un marco legal nacional que impida de forma integral el tránsito logístico de mercancías sospechosas de explotación.
Ante este escenario, la CCL exhortó formalmente al nuevo Congreso de la República de la gestión legislativa 2026-2031 a priorizar con carácter de urgencia el debate y aprobación del proyecto de ley especializado sobre trabajo forzoso. Esta norma técnica permitiría levantar las observaciones de la Casa Blanca y regularizar las condiciones preferenciales del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambas naciones.
