Contraloría recomendó iniciar acciones penales para determinar responsabilidades
La Contraloría General de la República (CGR) identificó irregularidades en la Municipalidad Distrital de Suyckutambo, provincia de Espinar, relacionadas a la designación de un funcionario que no cumplía el perfil para el cargo y que, posteriormente, otorgó la buena pro a empresas vinculadas directamente a sus familiares.
En el Informe de Control Específico N° 035-2026-2-0387-SCE, que evaluó el período del 2 de enero de 2023 al 30 de enero de 2024, se determinó que la comuna designó como jefe de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares a un servidor que no cumplía con el requisito mínimo para el cargo, al no contar con la certificación vigente emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
Durante el ejercicio del cargo, este funcionario designado sin cumplir el perfil solicitó cotizaciones y otorgó la buena pro a tres em-presas por S/ 379 959 pese a que se encontraban impedidas de ser participantes, postores o contratistas del Estado, toda vez que tenían como socio a su padre, pariente en primer grado de consanguinidad y, como titular, a su conviviente.
El servidor público también omitió utilizar los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, mecanismo de contratación obligatorio para adquisiciones públicas, y sustentó las compras mediante la vía convencional con cotizaciones que presentaban indicios de falsedad. Estas acciones habrían afectado la legalidad de las contrataciones y el correcto funcionamiento de la administración pública.
La CGR concluyó que la designación del servidor que no reunía el perfil requerido afectó los principios de mérito para el acceso a la función pública. Además, el otorgamiento de la buena pro a proveedores impedidos de contratar con el Estado, por mantener vínculos familiares directos con el funcionario, comprometió la transparencia, la imparcialidad y la legalidad que deben regir el uso de los recursos públicos. Ante estos hechos, la Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en los involucrados y recomendó al titular de la entidad realizar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, recomendó que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción inicie las acciones legales que correspondan.
