Se auditará el uso de recursos logísticos del Estado, incluyendo vuelos comerciales, el avión presidencial y naves de las Fuerzas Armadas.
La Contraloría General de la República dispuso el inicio inmediato de un servicio relacionado de recopilación de información en el Despacho Presidencial. La medida se tomó tras las recientes denuncias periodísticas sobre el presunto uso desproporcionado de fondos públicos en los viajes oficiales realizados por el mandatario José María Balcázar Zelada hacia el interior del país.
A través del Oficio 000104-2026-CG/OC0276, el Órgano de Control Institucional (OCI) notificó formalmente a la Secretaría General del Despacho Presidencial la acreditación de la comisión de control. El equipo técnico tendrá acceso total a los registros de Tesorería, Contabilidad, Administración, así como a las bitácoras de vuelo y hojas de ruta de la flota aérea presidencial y militar.
La investigación se origina a raíz de un informe periodístico de Cuarto Poder, el cual reveló que el jefe de Estado ejecutó un gasto total de S/ 1 millón 124 mil en viáticos y traslados a nivel nacional durante sus primeros cuatro meses de mandato. El reporte detalla la realización de 19 viajes oficiales, de los cuales 11 tuvieron como destino la región Lambayeque (lugar de origen de Balcázar), coincidiendo recurrentemente con fines de semana y días feriados.
Al respecto, el presidente José María Balcázar rechazó cualquier irregularidad administrativa. El mandatario argumentó ante los medios de comunicación que la mayoría de sus desplazamientos se efectuaron mediante vuelos comerciales tradicionales y que estos respondieron a estrictas agendas de trabajo para fiscalizar el avance de obras públicas en las regiones Exitosa Noticias.
La Contraloría evaluará minuciosamente si el uso de la logística del Estado, que incluye helicópteros de las Fuerzas Armadas y operaciones en el Grupo Aéreo N.º 8, se rigió bajo los principios de austeridad, eficacia y estricta legalidad. El informe final de este servicio de control gubernamental será derivado a las instancias correspondientes para determinar la existencia de presuntas faltas administrativas o responsabilidades de otra índole.
