Ana Lucía Olayunca (16) reapareció públicamente mediante un comunicado para frenar las especulaciones sobre su paradero
Tras varios días de intensa búsqueda e incertidumbre, la menor de iniciales A. L. O. C. (16), quien había sido reportada por sus familiares como desaparecida desde el pasado 27 de junio en la ciudad del Cusco, reapareció públicamente a través de un pronunciamiento oficial en redes sociales para aclarar su situación legal y personal.
La adolescente detalló que su salida del domicilio conyugal no se debió a un hecho delictivo ni a una captación por parte de terceras personas, sino que obedeció a una decisión estrictamente voluntaria motivada por un problema familiar severo que afectaba su integridad emocional.
Constancia policial y desmentido de versiones
Al percatarse de que la denuncia por su desaparición y la alerta de búsqueda se habían viralizado masivamente en las plataformas digitales locales, la menor de edad acudió de forma inmediata a una dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ponerse a derecho y colaborar con las autoridades de la División de Investigación Criminal (Divincri).
Durante las diligencias en la sede policial, se constataron los siguientes puntos:
- Certificación de salud: Se dejó constancia oficial de que la menor se encuentra físicamente ilesa, a salvo y bajo un entorno de resguardo elegido por ella misma.
- Falsedad de rumores: La joven desmintió categóricamente las especulaciones surgidas en grupos digitales que vinculaban maliciosamente su retiro del hogar con una presunta fuga amorosa o una relación sentimental clandestina.
Intervención de las autoridades de protección
Debido a que el caso involucra a una menor de 16 años, la Fiscalía de Familia y las Unidades de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomaron competencia inmediata en el asunto. Las autoridades iniciarán las evaluaciones psicológicas y sociofamiliares correspondientes en el entorno de la adolescente. El objetivo prioritario será determinar las causas de la crisis intrafamiliar, garantizar que sus derechos fundamentales no sigan siendo vulnerados y dictar las medidas de protección necesarias para asegurar su desarrollo integral y su salud mental.
