Una grave denuncia periodística remece el entorno del presidente interino de la República, José María Balcázar Zelada. Según una investigación difundida por el programa dominical Cuarto Poder de América Televisión, el mandatario contrató de manera directa a su defensor legal privado, Odar Jimmy Cornejo Custodio, para prestar servicios especializados en el mismísimo Despacho Presidencial con recursos del Estado.
El letrado, encargado de ejercer la defensa técnica de Balcázar en los diversos procesos penales que afronta por presunta corrupción, obtuvo una orden de servicio por un monto total de 30,000 soles. La contratación se formalizó apenas un mes después de que Balcázar asumiera la jefatura de Estado, estableciendo un periodo de prestación de servicios desde el 26 de marzo hasta el 26 de junio de este año.
Detalles del cuestionado contrato
- Beneficiario: Odar Jimmy Cornejo Custodio, abogado personal del jefe de Estado.
- Monto del servicio: S/ 30,000 financiados por las arcas del Estado.
- Área de designación: Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.
- Agravante: De acuerdo con el reportaje de Infobae Perú, el abogado beneficiado carecía de experiencia previa en la administración pública al momento de su contratación.
Conflicto de intereses y presunto favorecimiento
La polémica se intensifica debido a que, en paralelo a su orden de servicio en Palacio de Gobierno, Cornejo Custodio continuó ejerciendo la defensa particular de Balcázar ante el Poder Judicial, donde el mandatario enfrenta acusaciones por presunta apropiación ilícita y ejercicio ilegal de la profesión durante su etapa como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
Asimismo, las pesquisas fiscales y periodísticas advierten una presunta red de favorecimiento familiar. El pasado 12 de mayo, Diego Cornejo Cachay, sobrino directo del abogado y egresado de Derecho de 24 años con nula experiencia en gestión pública, fue nombrado oficialmente como Subprefecto de Chiclayo bajo la rúbrica del propio mandatario.
Silencio en el Ejecutivo
Al ser consultado sobre el presunto uso de fondos públicos para costear los honorarios de su estratega legal privado, Cornejo Custodio evitó declarar telefónicamente. A través de mensajes de texto, el abogado se limitó a señalar que «no cuenta con la autorización del Presidente de la República para declarar sobre los procesos judiciales en los que asesora». Por su parte, el Despacho Presidencial optó por guardar estricto silencio frente a las solicitudes de descargo.
Expertos en derecho penal y contrataciones del Estado advirtieron que este patrón de contrataciones directas vulnera los principios de mérito y transparencia, pudiendo configurar delitos contra la administración pública como negociación incompatible o patrocinio ilegal.
