martes, junio 30, 2026
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Comunidades de Ollantaytambo y Machupicchu denuncian intentos de PERURAIL de restringir el tránsito en el kilómetro 82

Pobladores de Tarayoc, Meskay, Huayllabamba y Q’esca re- chazan la colocación de rejas en una vía de uso tradicional

La medida surge tras el atropello de un porteador por un tren; comuneros exigen infraestructura de seguridad en vez de cierres

Una seria controversia social ha estallado en el corazón del Valle Sagrado de los Incas. Los comuneros y autoridades locales de los distritos de Ollantaytambo y Machupicchu denunciaron públicamente que la empresa ferroviaria PeruRail pretendería instalar rejas metálicas y restringir de manera arbitraria el derecho al libre tránsito en el sector de Piscacucho, ubicado a la altura del kilómetro 82 de la vía férrea.

Este punto geográfico reviste una importancia crítica para la región, ya que constituye la puerta de ingreso principal y el punto de partida oficial para los miles de turistas y trabajadores que realizan la ruta del Camino Inca hacia la llaqta de Machu Picchu. La restricción afectaría directamente la subsistencia y el desplazamiento diario de las familias de las comunidades altoandinas de Tarayoc, Meskay, Huayllabamba y Q’esca, así como la labor de cientos de porteadores y guías oficiales de turismo.

De acuerdo con los dirigentes sociales, la iniciativa de la operadora privada se da como respuesta a un reciente y lamentable accidente ferroviario que dejó gravemente herido a un porteador local tras ser impactado por una de las locomotoras. Los pobladores cuestionaron con dureza la respuesta de la empresa, argumentando que, en lugar de financiar e implementar infraestructura técnica segura —como pasos de peatones regulados, señalización adecuada o puentes peatonales—, la compañía busca la salida más fácil cerrando una ruta de tránsito ancestral y comunitario.

Los afectados e integrantes de los frentes de defensa locales han hecho un llamado de urgencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) para que intervengan de inmediato. Los comuneros advirtieron que no permitirán la vulneración de sus derechos de circulación y adelantaron que, si no se suspenden las intenciones de enrejado y se instala una mesa de diálogo técnico, iniciarán medidas de fuerza y movilizaciones pacíficas en defensa de sus vías de comunicación tradicionales.

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