El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa un incremento tarifario de hasta el 75% para la naturalización, eliminando los subsidios y exenciones para familias de bajos ingresos.
En una de las reformas administrativas más restrictivas en materia de inmigración legal, el gobierno del presidente Donald Trump presentó un proyecto de reglamento oficial que contempla un aumento generalizado de tarifas para los trámites migratorios. El cambio más significativo recae sobre el proceso de naturalización (Formulario N-400), cuyo costo base sufrirá un incremento neto de 570 dólares, una medida que busca transformar el acceso a la ciudadanía estadounidense en un sistema autofinanciado y de mayor exclusión económica.
La propuesta, diseñada y promovida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), justifica la actualización del esquema de cobros bajo la premisa de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) debe operar cubriendo la totalidad de sus gastos operativos mediante sus propias recaudaciones, evitando que el presupuesto federal subsidie los procesos de integración de los residentes legales permanentes.
Un incremento de hasta el 75% y el fin de los subsidios sociales
De acuerdo con el documento técnico publicado en el Registro Federal, la reestructuración de los costos afectará las finanzas de cientos de miles de inmigrantes elegibles para la ciudadanía. Las tarifas propuestas se dividirán bajo los siguientes parámetros de gestión:
- Trámite en plataformas digitales (En línea): El costo actual de 710 dólares se elevará de forma inmediata a 1,280 dólares.
- Trámite mediante formularios físicos (En papel): La tasa vigente de 760 dólares se reajustará hasta los 1,330 dólares.
- Procesos de apelación institucional: Aquellos solicitantes que decidan interponer un recurso de reconsideración tras la denegación de su ciudadanía verán un incremento adicional de 645 dólares en los derechos de revisión.
La parte más controvertida del proyecto normativo radica en la eliminación total de los subsidios gubernamentales y las exenciones de pago por criterios de vulnerabilidad económica. Bajo la regulación vigente, los solicitantes con ingresos familiares situados por debajo del umbral de pobreza o aquellos calificados en el rango de tarifa reducida (hasta el 400% del nivel federal de pobreza) podían tramitar su ciudadanía a costo cero o con descuentos significativos. La nueva directriz suprime estas ayudas por completo, dejando como única excepción a los miembros activos y veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Mayor escrutinio y críticas de la sociedad civil
El incremento tarifario no llega de forma aislada. La administración Trump ha complementado esta barrera financiera con un endurecimiento en los requisitos de evaluación cívica y de antecedentes. Entre las medidas paralelas implementadas recientemente se encuentran la duplicación del banco de preguntas del examen de civismo e historia oral, y la reactivación de las inspecciones vecinales y auditorías presenciales destinadas a verificar el «buen carácter moral» de los postulantes en sus comunidades.
Las reacciones de las organizaciones de derechos civiles y defensa de los inmigrantes no se han hecho esperar. Diversas coaliciones nacionales han denunciado que la medida constituye un «impuesto a la democracia» concebido deliberadamente para frenar la participación electoral de las minorías inmigrantes de menores recursos. Los activistas señalan que la fijación de precios prohibitivos desvirtúa el espíritu de integración del país y restringe el acceso legal solo a sectores de altos ingresos.
Siguientes pasos: Periodo de consulta civil
Al no tratarse de una ley del Congreso sino de una regulación ejecutiva del DHS, el proyecto normativo está sujeto a los mecanismos de la Ley de Procedimientos Administrativos. A partir de la fecha, se abre un periodo obligatorio de consulta pública de 60 días.
Durante este lapso de dos meses, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, expertos en leyes de inmigración y los sectores interesados podrán enviar de manera formal sus comentarios, argumentos técnicos y objeciones a la plataforma gubernamental. Una vez evaluadas las respuestas civiles, el gobierno procederá a formular la publicación de la regla final para determinar su fecha exacta de entrada en vigor en todo el territorio estadounidense.
