La Municipalidad Distrital de San Sebastián, en Cusco, se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse un alarmante desgobierno en sus filtros de control de personal y contrataciones públicas
Dos recientes informes emitidos por la Contraloría General de la República —el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 004-2026-2-1628-AOP y el Informe de Orientación de Oficio N° 007-2026-OCI/1628-SOO— han puesto al descubierto una preocupante realidad institucional. Mientras se adjudican servicios especializados de manera exprés a proveedores que falsean sus perfiles, las oficinas internas encargadas de la custodia, asignación y pago del dinero público operan bajo la dirección de funcionarias inhabilitadas por sus colegios profesionales.
El primer caso involucra directamente a la Oficina de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), donde se contrató a Flor Gabriela Gonzales Castillo como Intérprete de Lengua de Señas mediante la Orden de Servicio N° 0746 por S/ 4 000. Para quedarse con la adjudicación, la proveedora suscribió una declaración jurada donde aseguraba contar con más de 3 años y 18 días de experiencia calificada en el sector público o privado. Sin embargo, el órgano de control desnudó un fraude absoluto tras cruzar información con el Gobierno Regional de Cusco (GORE), demostrando que la velocidad del proceso fue inusual: el otorgamiento de la buena pro se dio de forma exprés el 9 de junio de 2025 mediante el Acta N° 1645, y la orden de servicio se emitió al día siguiente, el 10 de junio, omitiendo todo filtro básico de fiscalización.
La verdad detrás del perfil desmontó matemáticamente la declaración jurada. El GORE y el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) confirmaron formalmente mediante el Oficio N° 931-2025-GR CUSCO/GRAD-SGGRH que la señora Gonzales Castillo laboró en realidad un tiempo acumulado de apenas 7 meses y 5 días. Lo más grave es que su récord real correspondía al cargo de Peón II (obrera de construcción y limpieza) en el año 2022 y un tramo del 2024. Las autoridades regionales dejaron en claro que en sus archivos no existe ningún registro de que haya desempeñado funciones de interpretación de lenguaje de señas, violando así de forma directa la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
Este fraude externo fue posible gracias a la alarmante falta de filtros en el área de Logística y Abastecimiento de San Sebastián.
El Informe de Contraloría N° 007-2026-OCI/1628-SOO apuntó directamente al corazón financiero de la comuna y confirmó que los trabajadores que manejan los fondos del distrito operaban a al margen de la legalidad. El Órgano de Control Institucional (OCI) insertó las consultas oficiales en los portales institucionales que demuestran que Evelyn Naysha Garcia Huallpa, Profesional I a cargo de la Subgerencia de Presupuesto (Colegiatura 2150), figuraba con la condición de «INHABIL» ante el Colegio de Economistas. De igual forma, Carmen Ccorihuaman Llaza, la encargada de girar los comprobantes de pago, Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio del distrito (Colegiatura 2431), también arrastraba el estado de «INHABIL» ante el mismo colegio profesional, teniendo ambas la habilitación vencida de forma idéntica desde el 30 de abril de 2026.
Este hallazgo genera consecuencias institucionales y legales devastadoras, ya que las dos funcionarias responsables de la cadena del gasto municipal —la que planifica y aprueba las partidas de dinero y la que libera los fondos públicos para pagar a los proveedores— ejercían sus cargos sin capacidad legal, al momento de emisión del informe.
