La Fiscalía inicia una investigación por posible falsificación en el proceso de licitación de la carretera Hiram Bingham
El accionar del alcalde Ronald Vera y de sus funcionarios está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público
Tras múltiples idas y vueltas, sumadas al escándalo internacional generado por una licitación fallida, la ruta turística que conduce a Machu Picchu vuelve a ser epicentro de controversias. En esta ocasión, no se trata únicamente de un conflicto empresarial o de disputas administrativas; es la Primera Fiscalía Provincial Penal de Urubamba la que ha iniciado una investigación preliminar en sede policial por supuestos delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad. Estas acusaciones ponen en el foco un proceso de licitación pública relacionado con el servicio de transporte terrestre turístico hacia la histórica ciudad inca de Machu Picchu y la ruta Hiram Bingham.
UN PROCESO EN LA MIRA
La disposición fiscal identifica el núcleo del problema en un documento aparentemente técnico, pero con posibles implicancias penales: el denominado ‘Cuadro sobre la absolución de consultas y observaciones’. Según la denuncia, en este documento se habría incluido información presuntamente falsa al responder una observación de la empresa Transporte Internacional Trans Perú S.A.C.
La investigación tiene ahora como desafío determinar si este posible acto responde a un error administrativo, una interpretación jurídica equivocada o a una estrategia deliberada para sostener la licitación sin tomar en cuenta autorizaciones vigentes.
En concreto, Trans Perú habría planteado una consulta sobre la vigencia de la Resolución de Gerencia N.° 788-2022-GDUR-MPU, que habilitaba dos unidades vehiculares para brindar el servicio. La respuesta del comité especial fue que dicha resolución se había declarado nula mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 077-2024-GM-MPU/C.
UNA TRAMA DE ALARMAS PENALES
El centro del drama surge precisamente ahí: según la denuncia, esa afirmación sería falsa, ya que la mencionada resolución municipal habría anulado únicamente la Resolución N.° 195-2022, y no la N.° 788-2022. En otras palabras, al parecer se empleó una supuesta nulidad para justificar que no existieran autorizaciones vigentes que podrían haber afectado las 24 unidades vehiculares contempladas en la licitación.
De confirmarse esta hipótesis, el caso pasaría de ser una mera discusión burocrática a una situación más trascendental: el potencial uso indebido de información falsa en documentación oficial dentro de un proceso público.
Los ecos del caso alcanzan a figuras relevantes dentro del ámbito local. La Fiscalía ha señalado como investigados a miembros del comité especial y al alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, además de otras personas cuya responsabilidad aún se encuentra por determinar. Entre los mencionados figuran Wilfredo Condeña, Miriam Guevara, Roger Conza, Vladimir Zúñiga, Mariano Baca, Samuel Alegría, Dante Ramírez, Yovani Gómez, Eiger Sánchez, Sandro Ruiz y Dante Yucra.
Paradójicamente, la Municipalidad Provincial de Urubamba aparece como agraviada junto a la empresa que interpuso la denuncia. Esto genera una situación incómoda: la propia institución municipal podría estar siendo víctima de actos presuntamente cometidos desde sus mismas estructuras internas.
Más allá de su función práctica como vía para transportar turistas hacia uno de los principales atractivos patrimoniales del mundo, la ruta Hiram Bingham simboliza algo más profundo: poder, intereses económicos y decisiones públicas que exigen integridad absoluta. La puerta abierta por la Fiscalía busca desentrañar si esa transparencia se mantuvo o si, por el contrario, detrás de un documento técnico se ocultaba una verdad difícil de afrontar.
