El plan liderado por el Ministerio de Desregulación desmantela estructuras de control comercial, agiliza el mercado de capitales y avanza hacia un modelo de «Burocracia Cero» bajo la gestión de Javier Milei.
El proceso de desregulacion de la economía y reestructuración de la administración pública en Argentina alcanzó un nuevo hito al consolidar lo que exfuncionarios del área definen como una «reducción burocrática muy importante». El plan estratégico, ejecutado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, superó la eliminación de 8,000 normativas, orientándose a remover los obstáculos estatales que condicionan al sector privado.
La estrategia gubernamental se estructuró a través de tres ejes de acción específicos:
- Desmantelamiento del control comercial: La Secretaría de Industria y Comercio avanzó con la baja masiva de resoluciones que amparaban programas de control de precios, cuotas y regulaciones de góndolas, tales como las normativas asociadas a los antiguos programas Precios Cuidados, Precios Justos y los esquemas de financiamiento Ahora 12.
- El decreto «Burocracia Cero»: Mediante la implementación del Decreto 90/25, el Poder Ejecutivo ordenó a todas las dependencias públicas relevar e identificar regulaciones redundantes que representen una trampa administrativa para el comercio y la libre competencia.
- Apertura y reforma del mercado de capitales: Se ejecutó una flexibilización estructural que exime a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de solicitar la autorización previa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para emisiones de deuda inferiores a los 130 millones de dólares, acelerando los canales formales de financiamiento privado.
A la par de estas medidas, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso de la Nación el proyecto conocido como «Ley Hojarasca», una iniciativa diseñada para derogar de forma masiva decenas de leyes obsoletas o dictadas por gobiernos de facto que aún restringen libertades individuales o comerciales.
Desde la perspectiva gubernamental, el desmantelamiento de regulaciones en sectores clave como el vitivinícola, el transporte logístico y la medicina privada busca transferir las funciones de auditoría hacia el producto final. El objetivo explícito de esta secuencia es erradicar el «Estado-tranca» para consolidar la certidumbre jurídica y viabilizar la radicación de inversiones a gran escala.
