En una jornada marcada por la reconfiguración de las fuerzas políticas en Colombia, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente anunció este jueves en Bogotá el retiro oficial del proyecto para reformar la Carta Magna de 1991.
La decisión, respaldada plenamente por el presidente Gustavo Petro, responde al complejo escenario electoral tras la primera vuelta presidencial, donde el avance del candidato de derecha Abelardo de la Espriella obligó al oficialismo a buscar consensos con sectores de centro que veían con desconfianza la iniciativa constituyente.
Con este movimiento, el Gobierno busca no afectar a a la campaña del senador Iván Cepeda, quien aspira a suceder a Petro en el balotaje del 21 de junio y necesita sumar apoyos de figuras moderadas que habían condicionado su respaldo al respeto de la actual Constitución.
Giro estratégico ante el panorama electoral
El cambio de rumbo de una de las banderas más polémicas del presidente Petro se concretó tras una serie de reuniones de alto nivel iniciadas a principios de semana.
Según información obtenida de manera exclusiva por el diario colombiano El Espectador, la campaña de Iván Cepeda insistió en el alto costo político que representaba la iniciativa de modificar la Carta Magna en un momento de profunda división ciudadana.
De acuerdo al citado diario, los detalles finales se definieron el miércoles de esta semana por la noche durante un encuentro en la base aérea militar de Catam, en el que participaron el jefe de Estado, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino y delegados del comité promotor.
El Espectador consultó al ministro Sanguino sobre la decisión adoptada y este confirmó que se convino en retirar «la iniciativa popular legislativa» y «el proceso de recolección de firmas que acompañaban esa iniciativa».
Este retroceso buscaría atraer a votantes y líderes políticos como los centristas Sergio Fajardo o Juan Daniel Oviedo, quienes se habían negado a tomar partido por Cepeda debido a los riesgos que percibían en un proceso constituyente.
La oposición y diversos sectores sociales advertían que el proyecto de Petro podría debilitar el equilibrio de poderes, eliminar la independencia de entidades técnicas y abrir la puerta a la reelección presidencial.
