La Fiscalía pidió 35 años de prisión para el exjuez supremo; así como penas de entre 12 años y 8 meses y 35 años de cárcel para un grupo de exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura a raíz del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
El Ministerio Público solicitó 35 años de prisión para el exjuez supremo titular César Hinostroza principal implicado en el caso ‘Los Cuellos Blancos de Puerto’.
El requerimiento fue realizado por la fiscal suprema provisional Lourdes Téllez Pérez, quien acusó a Hinostroza Pariachi por los presuntos delitos organización criminal, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado en perjuicio del estado peruano a raíz de siete hechos que se encuentran vinculados a este caso.
La magistrada, representante de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, también pidió 35 años de prisión para los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de La Magistratura: Iván Noguera y Guido Águila al acusarlos por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado en perjuicio del estado a raíz de varios hechos relacionados al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
La fiscal suprema provisional Téllez Pérez también pidió 12 años y 8 meses de prisión contra el exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velásquez al acusarlo por el presunto delito de organización criminal en agravio del estado a raíz de este caso.
Esta acusación fiscal fue presentada ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien en los próximos días iniciará la denominada “etapa intermedia” o de “control” en la que deberá resolver las observaciones que puedan formular las partes procesales involucradas respecto a este documento como acto previo al inicio de la correspondiente fase de juicio oral.
Sobre César Hinostroza e Iván Noguera, quienes se encuentran con mandato de prisión preventiva, existen procesos de extradición requeridos por la justicia peruana tanto al Reino de Bélgica y como a la República de Italia donde ambos se encuentran en la actualidad, respectivamente.
