Fátima Altabás respalda y mantiene en el cargo a Maritza Rosa Candia en la DDC Cusco. La decisión profundiza las críticas sobre el manejo institucional del sector, marcado por demoras, silencios administrativos y falta de rendición de cuentas en medio de crisis que afectan directamente al patrimonio y la gestión cultural en la región
En el Ministerio de Cultura parece haberse consolidado una práctica que, lejos de resolver crisis institucionales, las administra en silencio y con reciclajes administrativos que generan más dudas que certezas. En ese contexto, la reciente decisión sobre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco vuelve a poner en el centro del debate a la funcionaria Maritza Rosa Candia, cuya permanencia en el cargo no solo ha sido ratificada, sino presentada como una nueva designación bajo un esquema que en la práctica no cambia el fondo de su continuidad.
Mediante la Resolución Ministerial N° 000163-2026-MC, la ministra de Cultura, Fátima Altabás, designó a Maritza Rosa Candia como Directora de Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. Según los considerandos de la norma, el puesto se encontraba vacante y contó con el visto bueno de la Secretaría General, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría. Sin embargo, en los hechos, lo ocurrido no representa un ingreso nuevo a la función pública, sino una ratificación de quien ya venía ejerciendo como directora interina.
Este punto es clave, porque la narrativa oficial intenta presentar una renovación administrativa donde en realidad existe continuidad. Y esa continuidad arrastra cuestionamientos previos que no han sido esclarecidos del todo. Durante su gestión interina, Candia enfrentó observaciones vinculadas a problemas administrativos serios,
entre ellos el bochornoso episodio del desalojo de las oficinas de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco por falta de pago del alquiler, una situación que expuso la gran precariedad en la gestión de recursos básicos.
Tras el desalojo de las oficinas en Cusco por deuda, Maritza Rosa Candia guardó un silencio cómplice.
El posible desalojo en Cusco destapa algo más grave que una deuda: una gestión que prefiere callar antes que rendir cuentas. Desde Cusco piden la renuncia de la directora interina.
El problema no se limita a los procedimientos administrativos. En el entorno del Ministerio de Cultura se ha ido instalando una percepción cada vez más extendida: la del silencio como respuesta política. En Cusco, esa percepción tiene un nombre concreto en el debate público y sindical: Maritza Rosa Candia, quien, frente a situaciones de crisis, habría optado por una estrategia de baja exposición pública y escasa comunicación oficial.
En una institución con responsabilidades sobre patrimonio cultural y gestión territorial, un hecho de este tipo habría requerido explicaciones inmediatas, medidas preventivas y comunicación transparente hacia la ciudadanía. Sin embargo, lo que se observó fue una ausencia prolongada de información oficial.
A estos cuestionamientos se suman antecedentes que ya habían generado controversia en etapas previas de su trayectoria pública. Entre ellos figura el caso vinculado a Joinnus, así como denuncias e irregularidades administrativas señaladas durante su gestión anterior. Aunque estos episodios no han derivado en sanciones concluyentes, sí forman parte del historial que hoy vuelve a ser discutido en el marco de su continuidad en el cargo.
El caso adquiere mayor complejidad cuando se revisan hechos ocurridos en mayo de
2023, durante su etapa de gestión interina. En ese periodo, el Ministerio de Cultura fue cuestionado por no separar del cargo a dos altos funcionarios denunciados por presunto acoso sexual. En lugar de su destitución, se optó por su rotación a otros puestos dentro del sistema.
Frente a estos señalamientos, Maritza Rosa Candia rechazó que su despacho hubiera protegido a los denunciados y negó cualquier intento de encubrimiento. Sin embargo, nuevamente surgieron cuestionamientos respecto a los tiempos de reacción institucional. Según la documentación revisada, las medidas administrativas adoptadas en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se ejecutaron recién 14 días después de presentada la denuncia contra los altos funcionarios del Ministerio de Cultura, lo que ha sido interpretado como una respuesta tardía frente a hechos de gravedad.
A pesar de este conjunto de observaciones, la reciente resolución ministerial no solo confir- ma su continuidad, sino que en la práctica la “reinstala” formalmente en el cargo. Este punto ha generado críticas sobre lo que algunos describen como un proceso de reciclaje de funcionarios cuestionados, donde las decisiones no implican una re- novación real de la gestión, sino una reconfiguración formal de nombres ya conocidos dentro de la estructura institucional.
La ministra Fátima Altabás, al respaldar la Resolución Ministerial N° 000163-2026- MC, aparece como pieza clave en esta decisión administrativa que busca cerrar filas alrededor de la dirección cultural en Cusco. Sin embargo, el efecto político de la medida es contrario al esperado: en lugar de generar confianza, refuerza la percepción de continuidad sin rendición de cuentas. En Cusco, mientras tanto, la preocupación no es solo administrativa. La posibilidad de desalojo de oficinas, las denuncias acumuladas, los cuestionamientos sindicales y la falta de respuestas públicas construyen un escenario de incertidumbre institucional. Se trata de una gestión que, para sus críticos, parece más enfocada en sostener equilibrios internos, que en resolver problemas estructurales. El caso de Maritza Rosa Candia
se convierte así en un símbolo de una tensión mayor dentro del sector cultura: la dificultad de separar la continuidad burocrática de la responsabilidad política. Y en ese vacío, la percepción que se impone es dura: no hay renovación real, sino repetición de nombres en medio de crisis no resueltas, donde el silencio y la permanencia terminan siendo parte del mismo problema.
