Por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como Director de Administración de la Municipalidad de Santa Teresa
La situación judicial de Albert Arenas Yabar se complica seriamente en el juicio oral por presunto peculado doloso agravado. La Fiscalía solicita 10 años y 8 meses de prisión efectiva por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como Director de Administración de la Municipalidad de Santa Teresa.
Según la acusación fiscal, Arenas habría administrado directamente habilitaciones económicas destinadas a la ejecución de un proyecto municipal, pese a existir residente y supervisor de obra, efectuando gastos que posteriormente fueron sustentados con recibos y boletas actualmente cuestionados por el Ministerio Público. La tesis fiscal sostiene además que existirían indicios de fraccionamiento de gastos y uso irregular de recursos públicos.
Uno de los momentos más delicados del juicio ocurrió con la declaración del testigo Hugo Segovia Franco, quien apareció consignado en recibos por honorarios presentados dentro de la rendición observada por la Fiscalía. Sin embargo, el testigo declaró ante el juzgado que jamás trabajó para la Municipalidad de Santa Teresa, nunca realizó capacitaciones deportivas y que el recibo presentado con su nombre no habría sido llenado por él. Según afirmó, la letra, los datos consignados e incluso el número de DNI no coincidirían con los suyos, lo que fortalecería la tesis fiscal respecto a que en la rendición de gastos se habrían adjuntado documentos presuntamente falsos para justificar el uso de dinero público.
Durante su testimonio, Hugo Segovia Franco también aseguró que Albert Arenas habría acudido personalmente al colegio donde laboraba para pedirle que «apoye» con su declaración en el proceso fiscal. El docente sostuvo que rechazó dicho pedido porque no conocía las actividades consignadas y no quiso involucrarse en hechos que según manifestó nunca realizó.
La acusación fiscal también comprende otras sustentaciones observadas, entre ellas boletas por consumos y servicios, así como una boleta de 10 mil soles atribuida a supuestos gastos de alimentación. Por su parte, Albert Arenas sostiene que los recursos fueron administrados de manera transparente y todos los gastos se enmarcaron dentro del expediente técnico del proyecto. Será finalmente el Poder Judicial quien determine responsabilidades conforme al debido proceso.
