Gobierno Regional del Cusco advierte con ejecutar millonaria carta fianza si no se levantan las observaciones
Más de un año después de su inauguración, la Vía Expresa, una de las obras de infraestructura más emblemáticas del Cusco, sigue enfrentando problemas técnicos que no han sido completamente solucionados. Sin embargo, el foco de atención ya no recae en la gestión pública, sino en la empresa responsable de su ejecución. La constructora China Gezhouba Group se encuentra nuevamente en el centro de la polémica.
Persisten observaciones técnicas que no han sido levantadas, fallos en el sistema semafórico, deficiencias en las videocámaras de vigilancia e incluso inconvenientes en el suministro eléctrico. Todos estos problemas han impedido que la obra reciba la conformidad final necesaria para su transferencia oficial a la Municipalidad del Cusco. Mientras tanto, el Gobierno Regional ha asumido un rol proactivo frente a estas dificultades, llegando incluso a costear gastos operativos indispensables, como el suministro eléctrico, para garantizar el funcionamiento de una vía crucial para miles de ciudadanos.
Y lo hace pese a que esta responsabilidad debería recaer exclusivamente en la empresa ejecutora hasta que se concrete la entrega definitiva. Sin embargo, la postura del Gobierno Regional ha evolucionado. Ya no se trata de esperar pasivamente, sino de actuar con firmeza. La advertencia es contundente: si China Gezhouba Group no resuelve las observaciones dentro del plazo establecido, se procederá al cobro de la carta fianza por un monto superior a siete millones de soles.
Un total significativo que no solo simboliza una garantía contractual, sino también un mensaje inequívoco: esta vez no habrá margen para tolerar proyectos inconclusos o mal terminados. Porque construir una obra no solo implica levantarla, sino también asumir la responsabilidad por su calidad y correcto funcionamiento. Mientras tanto, las labores de supervisión no se detienen, y la vía continúa operativa gracias a medidas emergentes que han permitido restaurar servicios esenciales como la iluminación y los semáforos. Ahora, la responsabilidad recae enteramente sobre la constructora. El mensaje está claro: cumples o te toca desembolsar esos siete millones.
