La reciente polémica en torno a la adjudicación temporal de la ruta hacia Machu Picchu ha encendido las alarmas en Cusco, según informó Qosqo Times en su edición más reciente.

Al parecer, la empresa San Antonio de Torontoy consiguió esta concesión sin cumplir con uno de los puntos clave de su propuesta técnica: disponer de los 18 buses necesarios. Lo que ha intensificado las dudas sobre la legalidad del procedimiento es que posteriormente solicitó reemplazar doce de esas unidades por otras con especificaciones diferentes, dejando en evidencia irregularidades en el proceso.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha resaltado la existencia de vacíos normativos y la falta de una competencia transparente y efectiva, ya que se trató de una adjudicación directa motivada por una situación de desabastecimiento. Este acto, lejos de ofrecer soluciones claras, ha levantado preocupaciones entre las autoridades locales. Además, la empresa no presentó los documentos necesarios que acrediten la propiedad o disponibilidad inmediata de los vehículos prometidos, lo que ha generado aún más in- certidumbre sobre su capacidad para cumplir con los términos del contrato.

Mientras tanto, este caso se está convirtiendo en el foco de atención para los me- dios en Cusco, que buscan esclarecer si las acciones tomadas se ajustan o no a las normas establecidas. La situación obliga a cuestionar la transparencia del manejo de los recursos y las decisiones tomadas en relación a un destino tan emblemático como Machu Picchu, dejando en evidencia los retos que aún enfrenta la gestión pública en es- tos temas.