Las bandas se aprovechan de los comercios locales, exigiéndoles dinero y desatando la violencia si se niegan. El aumento de las extorsiones ha traumatizado a muchas zonas del país.
Jorge Tejada se encontraba examinando los restos carbonizados de un autobús en un estacionamiento cercano a su negocio de reciclaje en Lima. Le habían prendido fuego durante la noche, en lo que, según los vecinos, fue una represalia de una banda que extorsiona a empresas de autobuses locales.
Tejada, de 50 años, ha perdido la cuenta de cuántos ataques como este han sacudido su barrio en el último año. Explosivos en bodegas. Restaurantes tiroteados. Su propio patio de reciclaje fue incendiado y dañado luego de que ignorara la exigencia de una banda de pagarle 530 dólares al mes.
Podría haber sido peor. Un farmacéutico fue asesinado a balazos detrás del mostrador de su tienda, y varios propietarios de tiendas se han escondido, dijo.
“Anteriormente todo esto era una zona tranquila”, dijo Tejada, describiendo cómo el antiguo asentamiento irregular se convirtió en un distrito oficial de la capital tras décadas de trabajo duro y organización comunitaria. “Ahora todos vivimos con miedo acá”.
Cada vez más peruanos se sienten así. La nación sudamericana está lidiando con una extraordinaria ola de delincuencia, avivada por el incremento de las extorsiones que ha ocurrido como consecuencia del control cada vez mayor que las bandas ejercen sobre las zonas urbanas.
Las denuncias de extorsión en todo el país se han disparado desde 2017, pasando de unos cuantos cientos al año a más de 2000 al mes este año, de acuerdo con la policía nacional. Y las estadísticas muestran que la cantidad de asesinatos cometidos por sicarios a sueldo también ha aumentado significativamente en los últimos años.
Las víctimas reciben las exigencias de pago por protección a través de mensajes de WhatsApp, notas escritas a mano o visitas en persona. Las represalias contra aquellos que no pagan se llevan a cabo mediante ataques con dinamita o incendios provocados, o con hombres armados que llegan en motocicletas y matan a sus víctimas en la calle.
La epidemia de delincuencia ha rebasado a las autoridades, y amenaza con transformar un país latinoamericano relativamente tranquilo en una fuente de inestabilidad regional. El banco central ha advertido que una epidemia de extorsión está asfixiando la actividad económica y, dicen los expertos, contribuye al aumento de la migración.
“Perú parece estar ascendiendo rápidamente a las filas de los países más peligrosos de Latinoamérica”, dijo Eduardo Moncada, politólogo de la Universidad de Columbia, quien se enfoca en la delincuencia en Latinoamérica. “Y es una posición difícil porque es muy complicado volver a bajar”.
En lo que va de este año, dos periodistas fueron asesinados a tiros por hombres armados en público. En enero, detonaron dinamita en una fiscalía regional, hiriendo a dos personas.
Y en marzo, dos hombres armados atacaron a tiros el autobús de un popular grupo de cumbia, matando a su cantante, Paul Flores.
Después, otros músicos, como Christian Yaipén, vocalista de otro grupo de cumbia, relataron sus propios enfrentamientos con extorsionadores.
“Es todo el país sufriendo esto”, dijo Yaipén a los periodistas. “Todos los peruanos que salimos a trabajar y no sabemos si vamos a regresar a nuestra casa vivos”
En uno de los peores episodios de violencia, en mayo se descubrieron los cadáveres de 13 mineros de oro en un yacimiento explotado por la mayor empresa minera de Perú, una matanza que, según las autoridades, fue orquestada por el jefe de una banda.
Los esfuerzos de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por hacer frente a la violencia mediante la imposición de estados de emergencia, parecen haber servido de poco para controlar la delincuencia desenfrenada.
Boluarte, quien lleva tres años en el poder, ha sugerido que el aumento de los niveles de delincuencia se debe en parte al gran número de migrantes venezolanos que han llegado al país en los últimos años, aunque no hay pruebas de que ellos cometan delitos en mayor proporción que los peruanos.
El ministro del Interior y la policía de Perú declinaron las solicitudes de entrevista.
Boluarte ha prometido desplegar una campaña más dura contra los grupos delictivos. “El mensaje es claro”, declaró a los periodistas en abril. “En este gobierno el crimen no tiene lugar y esa es nuestra lucha día a día”.
La extorsión atrae a las bandas porque proporciona un flujo constante de dinero en efectivo al tiempo que ayuda a consolidar el control sobre un territorio, explicó Moncada, quien escribió un libro sobre la extorsión en América Latina. “Te permite reclutar a lugareños para que se conviertan en una especie de ojos y oídos tuyos”, dijo. “En cierto modo, la mayoría de la población te conoce a través de esta relación extractiva, y eso te da mucha autoridad”.
La extorsión también requiere el uso frecuente de la violencia para infundir miedo y garantizar la obediencia. Algunos barrios de Lima han sido tan sacudidos por la delincuencia que las escuelas han comenzado a dar las clases por internet.
Los más afectados por las extorsiones no son los ricos, que viven en enclaves seguros y pueden pagar seguridad privada, sino los trabajadores pobres y los dueños de pequeñas empresas, que dependen de una policía que no tiene suficiente personal y que está lastrada por la corrupción.
En el último año se ha detenido a decenas de policías acusados de colaborar con bandas o de traficar con armas y municiones, según la prensa local.
“La estrategia de la delincuencia el día de hoy es atacar a las zonas más vulnerables. ¿Y por qué ataca a las zonas más vulnerables? Porque ahí hay impunidad”, dijo Jesús Maldonado, alcalde del distrito más grande de Lima, San Juan de Lurigancho. Con más de 1,2 millones de habitantes, el distrito solo cuenta con 600 agentes de policía, muchos menos que los barrios más ricos, señaló Maldonado.
Prácticamente cualquier operación que requiera interacción con el público y se haga con dinero en efectivo puede ser presa de los extorsionadores. Según los informes, las ferreterías, los clubes nocturnos e incluso los comedores sociales y los refugios para perros han sido blanco de extorsionadores.
Un conductor de mototaxi de Lima comentó que gana entre 11 y 19 dólares al día, pero que reserva 1,30 dólares para los extorsionadores. Dijo que conoce al menos a cinco compañeros conductores que han sido asesinados a balazos por resistirse a sus exigencias.
Erika Solis, investigadora del crimen de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo que la violencia realmente empezó a aumentar al inicio de la pandemia de coronavirus en 2020, cuando los confinamientos dejaron las calles vacías y llevaron a los delincuentes a pasar del robo a la extorsión vía WhatsApp.
Los miembros de bandas venezolanos que llegaron como parte de una oleada migratoria procedente de ese conflictivo país se han sumado al problema de la delincuencia, dijeron los expertos.
Casi una década de agitación política, luchas internas en el gobierno y casos de corrupción de alto nivel han hecho mella en la capacidad del gobierno para prestar servicios, incluyendo una actuación policial eficaz. En los últimos cinco años, Perú ha pasado por cinco presidentes.
Los críticos afirman que Boluarte y los legisladores han contribuido a la crisis de delincuencia al impulsar leyes destinadas a proteger a los criminales de la justicia. Boluarte está siendo investigada por posibles cargos de corrupción y violación de los derechos humanos. Ella ha negado haber cometido delito alguno.
Una ley relativamente nueva dificulta que las personas acusadas de delitos permanezcan en prisión preventiva y acorta las penas de prisión para quienes delinquen por primera vez.
“Se salió de control”, dijo Marita Felipe, quien vive en Lima, sobre la situación de la delincuencia. Su padre, Luis Felipe, de 62 años, fue una de las cuatro personas asesinadas a tiros en el interior de un minibús en octubre. Recientemente se había jubilado de la policía, después de 32 años de trabajo, y se dirigía a su casa cuando un hombre subió a bordo y empezó a disparar.
Refiriéndose al tiempo que su padre trabajó como agente, Felipe dijo: “Durante todos esos años nunca le pasó absolutamente nada y ahora lo perdemos así”.
Carlos Saenz, un fabricante textil de Lima, cerró su taller en diciembre de 2023 luego de que una banda que le exigía más de 5000 dólares empezara a enviarle fotos en las que dejaba claro que le vigilaban. Ahora opera un taller sin ningún letrero visible. También compró una pistola.
“¿Qué pasa si me buscan de nuevo?”, dijo. “¿Quién me va a proteger?”.
Fuente:
The New York Times en Español
https://www.nytimes.com/es/2025/06/10/espanol/america-latina/peru-bandas-violencia.html
Comentarios
Inicia sesión con Google para comentar.
Sé la primera persona en comentar.