La expansión de la minería ilegal empieza a generar un costo mayor para la actividad minera formal en el Perú. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19.4%, mientras que las legales disminuyeron 5.9%, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Como resultado, el oro ilegal representó 54% del volumen total exportado y superó al formal en 8.7 toneladas, mostrando que una parte cada vez mayor del negocio aurífero se desarrolla fuera de los canales legales.
El problema también alcanza territorios donde operan empresas formales o se proyectan nuevas inversiones, que vinculan directamente la economía cusqueña. El IPE advierte que esta actividad afecta a Poderosa, en La Libertad, y Las Bambas, en Apurímac, con directo impacto en el corredor vial del sur que atraviesa Cusco; además de zonas destinadas a Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. “El IPE estima que están en riesgo proyectos que representan en conjunto más de US$12 mil millones de inversión”, señala el informe. La expansión ilegal en estas áreas puede dificultar el desarrollo de proyectos que requieren seguridad, control territorial y condiciones estables para ejecutar inversiones.
El instituto vincula este crecimiento con las limitaciones del proceso de formalización. Desde la creación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 2016, solo 2% de los inscritos culminó el proceso y el registro ya fue prorrogado cinco veces. Para finales de 2026, el IPE estima que el oro de origen ilegal podría superar las 120 toneladas y representar entre 52% y 55% de las exportaciones totales. Frente a ello, sostiene que “enfrentar la minería ilegal exige un liderazgo claro y sostenido”, acompañado de mayor trazabilidad, fiscalización, plazos de formalización y presencia efectiva del Estado en los territorios afectados.
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