El Poder Judicial del Perú, a través de la Corte Suprema de Justicia, programó para este miércoles 30 de septiembre la audiencia en la que se evaluará la continuidad de la orden de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente Pedro Castillo Terrones, en el marco de las investigaciones por presuntos delitos de corrupción durante su mandato.
La diligencia estará liderada por el magistrado Juan Carlos Checkley, juez supremo provisional de Investigación Preparatoria, y se llevará a cabo de manera virtual a partir de las 8:30 a. m. El objetivo principal es efectuar una revisión de oficio —conforme a los plazos exigidos por ley— para determinar si se mantienen vigentes los presupuestos materiales, el peligro de fuga y la obstaculización de la justicia que motivaron inicialmente la privación de su libertad.
Los tres casos bajo la lupa judicial
El control de la medida restrictiva responde al proceso unificado que afronta el exjefe de Estado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravado. Dicha causa penal acumula tres de las carpetas fiscales más emblemáticas de su gestión:
- Caso Petroperú: Relacionado al supuesto direccionamiento en la compra de biodiesel a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators.
- Caso Puente Tarata: Basado en las presuntas licitaciones irregulares dentro de Provías Descentralizado (MTC).
- Caso Ministerio de Vivienda: Vinculado al supuesto cobro de sobornos y adjudicación ilícita de obras de saneamiento a través de redes de influencia.
Para el desarrollo de la sesión judicial, el despacho del magistrado Checkley ya remitió el requerimiento formal a la administración del Penal de Barbadillo (ubicado en Ate), lugar donde el exmandatario se encuentra recluido, para que se habiliten de forma prioritaria los equipos técnicos de videoconferencia y se garantice su participación activa junto a su defensa técnica.
Contexto de la situación penal del exmandatario
Cabe precisar que esta evaluación periódica es independiente de la situación jurídica general de Castillo, cuya prisión preventiva por el caso de corrupción fue ampliada anteriormente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, extendiéndose su vigencia formal en este expediente hasta marzo de 2027 debido a la complejidad de las pesquisas fiscales y la cantidad de coinvestigados involucrados. Asimismo, Castillo ya afronta un marco punitivo tras haber recibido una condena previa en diciembre de 2025 de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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