En medio de un estricto despliegue policial, las autoridades judiciales de Bolivia ejecutaron este martes el traslado del estratega digital argentino Fernando Cerimedo hacia el centro penitenciario de alta seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano paceño. La medida responde a una orden de prisión preventiva por 180 días dictada en el marco de una investigación de oficio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
El operativo comenzó en horas de la madrugada, cuando el imputado fue retirado de la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, y conducido en un vuelo comercial hacia el aeropuerto internacional de El Alto. Cerimedo descendió de la aeronave custodiado por fiscales y agentes policiales, portando un chaleco antibalas y casco de protección antes de ingresar al penal altiplánico.
Complejo escenario judicial en Bolivia
La situación legal del consultor, conocido por su participación en la campaña de comunicación de Javier Milei en 2023 y sus presuntos vínculos de asesoramiento con el mandatario boliviano Rodrigo Paz, se ha tornado crítica tras acumular tres causas paralelas en territorio nacional:
- Enriquecimiento ilícito: La Fiscalía General del Estado investiga un incremento desproporcionado en su patrimonio personal y presuntos giros irregulares en dólares a través de una firma financiera local.
- Tentativa de feminicidio: El estratega ya se encontraba privado de su libertad desde el pasado 17 de agosto, acusado como presunto autor intelectual de un ataque armado con armas de fuego contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.
- Violencia intrafamiliar: Enfrenta un tercer proceso independiente por agresiones físicas y psicológicas denunciadas formalmente durante el mes de julio.
Chile abre indagatoria por supuesta manipulación digital
El impacto del caso ha trascendido las fronteras bolivianas. En Chile, parlamentarios de oposición impulsaron la creación de una comisión investigadora en el Congreso y remitieron oficios formales al Servicio Electoral (Servel) para auditar las actividades de su agencia de marketing político, Numen.
Las autoridades chilenas buscan esclarecer el financiamiento y la infraestructura de sus operaciones de intervención digital tras los reportes del hallazgo de una supuesta «granja de bots» en una vivienda asociada al consultor. Las pesquisas se centran en los presuntos nexos con asesores políticos y los pagos realizados por comandos electorales durante los procesos constitucionales recientes del país del sur.
A pesar de que la defensa legal del imputado intentó frenar el traslado penitenciario mediante recursos de apelación y acciones de libertad alegando problemas de salud, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó la reclusión en régimen cerrado mientras continúan las pericias informáticas y financieras de alcance internacional.
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