Una grave denuncia sacude el sector turístico en el Santuario Histórico de Machu Picchu. La empresa encargada del transporte de pasajeros en la emblemática ruta Hiram Bingham continúa operando de forma totalmente ilegal, a pesar de que su contrato por S/ 19 millones fue anulado de manera definitiva. La situación ha encendido las alarmas de las autoridades debido al inminente riesgo para la seguridad de miles de turistas nacionales e internacionales.
El conflicto se originó luego de que la Municipalidad Provincial de Urubamba declarara la nulidad total del contrato de concesión temporal de la ruta. El sustento técnico y legal de esta decisión radicó en que la empresa prestadora no logró acreditar la disponibilidad jurídica ni física de los 18 vehículos exigidos como flota mínima para garantizar el traslado seguro de los viajeros.
A pesar de no contar con el respaldo legal ni los permisos vigentes, la compañía insiste en mantener sus operaciones en la zona. A esta desacato normativo se le suman hallazgos alarmantes revelados en recientes investigaciones periodísticas: la detección de presuntas contrataciones irregulares en el proceso y, de manera crítica, la operación de un circuito clandestino de abastecimiento de combustible. Este suministro informal e ilegal de carburantes representa una severa amenaza de siniestros en una vía altamente sinuosa y compleja como la que conduce a la ciudadela inca.
Mientras las disputas administrativas y legales entre los operadores y los gobiernos locales persisten en la región Cusco, gremios del sector turismo exigen la intervención inmediata del Poder Ejecutivo y de la Policía Nacional para hacer cumplir la ley y retirar las unidades informales. La falta de un control efectivo no solo desprotege a los usuarios frente a posibles accidentes de tránsito, sino que asesta un duro golpe a la reputación internacional del Perú como destino turístico seguro.
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