CUSCO: Cinco meses después, la contaminación en Megantoni sigue sin respuestas

Han pasado cinco meses desde la fuga de gas y posterior deflagración registrada en la estación de válvulas KP43 de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, y las comunidades afectadas continúan esperando respuestas. Al menos 60 familias resultaron perjudicadas por un incidente que no solo expone las condiciones de seguridad de una infraestructura estratégica para el transporte de gas, sino que también mantiene abierta la preocupación por sus posibles efectos ambientales y sobre la salud de la población.

La emergencia fue de tal magnitud que una inmensa llamarada puede ser observada a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, cinco meses después, las explicaciones y responsabilidades siguen sin esclarecerse completamente. Mientras los pobladores reclaman atención y garantías, la investigación fiscal que busca determinar si existe responsabilidad por contaminación ambiental y por delitos contra las condiciones de seguridad y salud permanece sin avances que permitan establecer qué ocurrió, cuál fue el impacto real y quién debe responder por los daños.

El Ministerio Público mantiene una investigación preliminar contra TGP por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es determinar las causas de la falla en la tubería y establecer la magnitud del daño ocasionado al entorno natural y a las poblaciones cercanas. Pero el paso del tiempo comienza a convertirse en otro problema para los afectados: la investigación no muestra resultados concretos.

En el territorio, la situación tampoco pasa inadvertida. Abraham Taracaya, teniente gobernador del asentamiento Kitaparay-Megantoni, denuncia que la ayuda humanitaria llega recién tres días después de la deflagración y advierte que diversas comunidades nativas resultan afectadas por el impacto de la fuga de gas.

60 familias afectadas y  lo más preocupante es que, cinco meses después, TGP no aparece dispuesta a asumir directamente la responsabilidad que reclaman las comunidades. La empresa busca que la controversia termine resolviéndose en el Poder Judicial, mientras la investigación fiscal continúa estancada. Es decir, para los pobladores el tiempo pasa, pero las respuestas no llegan.

Desde el Congreso de la República, varias bancadas vienen evaluando la creación de una comisión especial para investigar a TGP. De esa forma los congresista revisarán las circunstancias de la emergencia de Megantoni, el estado de la infraestructura operada por la empresa, sus protocolos de seguridad, sus mecanismos de prevención y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Cinco meses después, las 60 familias afectadas siguen esperando algo más que explicaciones: esperan justicia.  TGP puede recurrir a los tribunales y alargar el conflicto entre abogados y expedientes, pero el daño permanece en el territorio y en la memoria de quienes lo padecieron. Ahora corresponde al Ministerio Público acelerar una investigación que no puede seguir dormida y al Congreso fiscalizar con firmeza.