La crisis social y económica en Bolivia ha ingresado a una fase de alta conflictividad tras el ultimátum lanzado por el expresidente Evo Morales Ayma contra la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira. Luego de un multitudinario ampliado de sectores cocaleros y organizaciones sociales aliadas en la localidad de Lauca Ñ, el exmandatario fijó el 3 de octubre como fecha límite para que el Gobierno restituya los subsidios al diésel. De no ser escuchados, advirtió el inicio de un paro indefinido con bloqueos de carreteras a nivel nacional desde el próximo 13 de octubre.
El punto central de la discordia es el Decreto Supremo 5716, emitido el pasado 18 de septiembre, el cual suprimió el subsidio al diésel con el objetivo de nivelar los precios locales con los del mercado internacional. El Órgano Ejecutivo adoptó esta medida para frenar el contrabando, paliar el desabastecimiento crónico y reducir el millonario gasto fiscal que la subvención representaba para las arcas estatales. Sin embargo, Morales catalogó la reforma como un «paquetazo económico» que afecta directamente el bolsillo de los pequeños productores agrarios, los gremios de transportistas y las familias de menores ingresos.
«Si no es de a buenas, va a ser de a malas. Le damos un plazo perentorio al Gobierno hasta el 3 de octubre (…). Si no se abogan estos decretos hambreadores, comenzará una gran movilización nacional con bloqueo de caminos para salvar Bolivia de la quiebra», manifestó Morales durante las conclusiones del encuentro civil de su sector.
El Ejecutivo responde con el estado de excepción
La respuesta de la administración central no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el ministro de Gobierno señalaron en conferencia de prensa que, si bien la protesta pacífica es un derecho constitucional protegido, el Estado boliviano no cederá ante amenazas corporativas ni chantajes políticos. Las autoridades recordaron a la opinión pública que se encuentra plenamente vigente un estado de excepción, ampliado recientemente por el Congreso para resguardar la estabilidad interna, por lo que las fuerzas de seguridad tienen órdenes estrictas de usar la fuerza pública legal para despejar cualquier intento de obstrucción vial.
Por su parte, el presidente de la República, Rodrigo Paz, restó legitimidad a las advertencias del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) de la facción evista. El mandatario acusó a Morales de intentar desestabilizar el país para fines electorales propios de cara a los siguientes comicios, y remarcó que las reformas económicas de libre mercado y sinceramiento de precios son indispensables para sanear la economía heredada de gestiones previas.
Preocupación en los sectores productivos
Gremios de agroexportadores, empresarios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y diversas cámaras de transporte internacional han manifestado su profunda alarma ante el anuncio del corte de rutas. Advierten que un paro de tal magnitud aislaría los departamentos del eje troncal (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz), agravando los problemas de suministro alimentario y afectando gravemente al comercio exterior justo en un momento de fragilidad financiera global. Las cámaras empresariales instaron a ambos líderes a entablar una mesa de diálogo técnico antes de que venza el plazo fijado por los movilizados.
Con las posturas radicalizadas y el calendario en cuenta regresiva, Bolivia enfrenta días determinantes que medirán tanto la resistencia de las redes sociales del evismo como la capacidad del Gobierno para hacer cumplir el principio de autoridad bajo el marco legal vigente.
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