Autoridades locales desobedecen la normativa nacional y bloquean el acceso a la plataforma de denuncias ciudadanas contra la corrupción
Varias municipalidades de la provincia de Canchis, incluyendo la Municipalidad Provincial, han incumplido la ley que obliga a habilitar la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (PDUDC), un canal oficial del Estado para reportar actos de corrupción, a pesar de los plazos establecidos. Las municipalidades de la provincia de Canchis, en la región Cusco, se han visto envueltas en un grave incumplimiento de la normativa peruana que establece la obligación de habilitar la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (PDUDC), según informes recientes emitidos por la Contraloría General de la República.
Este sistema digital tiene como objetivo recibir, registrar y dar seguimiento a las denuncias sobre actos de corrupción y otros ilícitos dentro de las instituciones públicas.
De acuerdo con los informes de orientación de oficio, las entidades municipales de Provincial de Canchis, Distritales de Combapata, Checacupe, San Pedro, Marangani, San Pablo y Tinta no han implementado el acceso a esta plataforma en sus sitios web, lo que ha limitado la capacidad de la ciudadanía para denunciar de manera segura y confidencial los casos de corrupción.
Esta situación no solo va en contra de las políticas nacionales anticorrupción, sino que también obstaculiza el control social y el fortalecimiento de los sistemas de transparencia en estas entidades.
La falta de implementación de esta herramienta de denuncia impide a las autoridades municipales actuar de manera eficiente frente a los riesgos de corrupción y otros problemas de inconducta funcional. Además, afecta el Sistema de Control Interno, que debería prevenir estos actos dentro de las instituciones. En un contexto donde más del 50% de la población peruana considera a la corrupción como uno de los mayores problemas del país, esta omisión se convierte en una grave vulneración de los derechos ciudadanos.
Esta infracción no solo tiene implicancias políticas, sino también legales. Según el Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas para proteger a los denunciantes de corrupción, las entidades públicas están obligadas a garantizar la interoperabilidad de los procedimientos de denuncia.
No habilitar esta plataforma es una violación directa a las normas establecidas y desincentiva la cultura de la denuncia, ya que los ciudadanos no cuentan con un mecanismo formal y seguro para presentar sus quejas.
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